Protección para los fiscales afganos, especialmente las mujeres, que ahora son perseguidas por los mismos yihadistas contra los que actuaron y hoy están libres gracias al régimen talibán. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado a la Sala de lo Contencioso de este órgano que se acuerde el traslado a España de una de ellas ara que pueda obtener protección internacional.
La situación de esta fiscal es muy similar a las de las 27 fiscales y juezas afganas que sobrevivían de forma precaria en la capital de Pakistán desde la caída de Kabul y lograron llegar a nuestro país hace poco más de un año. Eludieron así una muerte casi segura en el caso de ser deportadas a su país de origen. Un riesgo que cada día que pasaba era más cercano, pues sus permisos de permanencia en Pakistán se encontraban caducados.
En una situación similar está la fiscal por la que ahora se ha interesado la Fiscalía española, que estuvo destinada a la lucha antiterrorista en la República de Afganistán. En ejercicio de sus funciones participó directamente en casos relevantes, entre otros, en la investigación y acusación del entonces líder de Estado Islámico en Afganistán.
Su marido, abogado de profesión, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses, según informa el Ministerio Público español. Cuando los talibanes asumieron el poder en Afganistán liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los terroristas que había acusado.
A la vista de la situación y del grave peligro para su vida, huyó a Pakistán con su hijo que entonces tenía 5 años y su hermana menor; encontrándose pendiente de deportación a Afganistán, a donde ya ha sido enviada esta última con paradero desconocido.
Actuación del Supremo
Las actuaciones en protección de ciudadanos afganos también han tenido eco en otros órganos judiciales españoles. La pasada semana, el Tribunal Supremo interesó el traslado urgente a España de ocho ciudadanos afganos -familiares de un colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Afganistán- para que puedan presentar una solicitud de protección internacional, al tiempo que ha subrayado que debieron haber sido trasladados en 2021 cuando Exteriores les amparó con un salvoconducto por estar perseguidos por el régimen talibán.
«La Administración recurrida asume y reconoce el peligro grave para su vida. El salvoconducto acredita que el interés público consiste en que estas personas sean trasladadas a nuestro país para que puedan solicitar la protección del Gobierno de España. A pesar del tiempo transcurrido, la Administración recurrida no puede desvincularse ahora de su propio acto», han señalaban los magistrados del alto tribunal en su resolución.
