En Bruselas, en Francia, en Italia, en Polonia y ahora también en España. Se cumple una semana desde que los agricultores y ganaderos salieron a la calle a protestar por la burocracia y las condiciones impuestas en la Política Agraria Común (PAC) que perjudica la rentabilidad de su negocio frente a países terceros, como Marruecos. A estas dificultades se suman la falta de relevo generacional, la escasez de agua y de tierra en el caso español, donde las fotovoltaicas y los fondos de inversión compiten por los terrenos frente a los cultivos. Por estas razones, un reguero de empresas agroalimentarias españolas ha desplazado parte de su producción a otros países cercanos a través de la apertura de filiales o de la adquisición de participaciones en empresas locales. Y entre ellos, Marruecos sale ganando con una mano de obra barata y un marco regulatorio más favorable que el ofrecido por la Unión Europea. Según los últimos datos recopilados por el ICEX, el número de empresas españolas ligadas al sector primario en este país asciende a 360, pero si se añaden las participadas y las filiales supera el millar. Aproximadamente «el 10% de las empresas españolas en Marruecos se dedican directa o indirectamente al sector primario», cuantifica el doctor en economía y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras. Entre ellas se encuentran marcas conocidas, como Juver (zumos), Borges (aceite y frutos secos) o Ebro Foods (con marcas de arroz como Brillante o Cigala).
Ni es un fenómeno nuevo, ni afecta solo a la producción española. Países europeos como Portugal también han trasladado parte de su negocio agroalimentario para aprovecharse de las ventajas que ofrece Marruecos. En el caso español, «hubo un desarrollo importante hace 50 años, pero el impulso definitivo se sitúa en el 2012, cuando se firma el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos», rememora el director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), José María Pozancos. El país cuenta con un acuerdo preferencial con la Unión Europea por el que se liberalizan casi todos los productos, a excepción de algunos sujetos a contingentes (como las manzanas o las almendras dulces). Para el resto de países, los aranceles a la importación suelen ascender al 40%. Sobre el papel, existen unas cláusulas de salvaguarda que se pueden aplicar cuando las importaciones dañan la producción europea, pero nunca se han activado. Este fue el comienzo de un lento trasvase de las firmas agroalimentarias españolas que componen las más de 29.000 firmas del sector. Aquí también se incluyen compañías de maquinaria agrícola, como Criado y López, de semillas, como Semillas Fito S.A, o de aceitunas, como Aliminter S.A.
La mayor parte se concentran en el Valle del Souss, en la zona sur de Agadir, y en la zona de Ghrab, entre Tánger y Rabat. En este último punto del mapa marroquí se encuentra Ebro Foods. La empresa se instaló en la región de Larache en 2001 a través de la sociedad Mundiriz y levantó la mayor fábrica de producción de arroz del país, con una capacidad máxima anual de producción de 50.000 toneladas con una inversión superior a los 15 millones de euros. «El 95% de lo que producimos se consume y vende en Marruecos a través de nuestras marcas locales, siendo la más importante de ellas Cigala», explican desde la firma. «Dependiendo de los años y siempre y cuando exista un excedente, se puede dedicar hasta un 5% a la exportación», añaden. En Marrakech se encuentra Borges International Group. Desde la compañía aseguran que existe una empresa constituida, Borges Marroc, «pero que no tiene actividad desde hace más de 15 años». Se mantienen en el país a través de una participación del 10% sobre la filial de la compañía Framaco S.A, constituida en 2003.
Bajos precios y mano de obra barata
El sector agroalimentario español también se extiende por otros países de la zona, como Túnez, Egipto o Turquía, y ha cruzado el Atlántico hasta Perú, donde hay presencia de la industria conservera hortofrutícola, y a Brasil, pero las cifras que se concentran en Marruecos son imbatibles. España es el primer socio comercial de Marruecos, tanto en importaciones como en exportaciones (el 14,4% son españolas). La inversión bruta directa en el sector primario por parte de España en 2022 superaron los 23 millones de euros, así como cercana a los 14 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. En cambio, la inversión equivalente de Marruecos en el sector español es simbólica. Según los datos del ICEX, las exportaciones españolas a Marruecos alcanzaron máximos históricos en 2021 con 9.500 millones de euros (un 28% más que el año previo) y representaron el 3% de las ventas españolas al exterior. En el plano europeo, más del 57% de las importaciones marroquíes proceden de la Unión Europea y más del 65% de las exportaciones de Marruecos tienen como destino Europa.
Son muchas las ventajas ofrecidas por este país a las empresas dedicadas al sector primario. Si en España el volumen de negocio de la agroalimentación mueve cerca de 140.000 millones de euros (10,9%) y emplea a más de 440.000 personas, en Marruecos estas cifras ascienden al 12,65% del PIB y al 35% de la población total (unos 37 millones de personas) que cobra unos 300 euros al mes, un salario muy bajo en comparación con el español medio. Ese es precisamente uno de sus principales atractivos: «La repercusión de la mano de obra en algunos casos asciende al 50% en las empresas españolas», subraya Ponzanos. Y sus efectos se sienten más en las empresas que cultivan tomates: la cuota de tomates de Marruecos aumentó por encima del 50% en los últimos 15 años. «En los tomates es más claro el impacto en rentabilidad por las cuestiones laborales y la laxitud de modelos de producción», apunta el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado.
La escasez de agua y de tierra también son otras razones. «El coste y la facilidad para conseguir los terrenos es mucho más favorable, a pesar de que no se pueden comprar por parte de los extranjeros cuando se van a dedicar a actividades agrícolas, sino alquilarlos, algo que también es muy barato», sostiene Higueras. Por último, el marco regulatorio beneficia a las firmas que trasladan parte de su producción a Marruecos. En este país no es necesario cumplir con la ley que regula los fitosanitarios en la Unión Europea ni otras normativas enmarcadas en el Pacto Verde o el paquete de medidas De la granja a la mesa, entre otras normativas de las que se quejan los agricultores estas semanas en sus movilizaciones.
Una estrategia que siguen las empresas españolas es mantener su presencia en España aunque el grueso de las operaciones y empleos se localizan en Marruecos. Así es como se evita «que haya una mayor percepción de deslocalización», apunta Higueras, ya que de esta manera se puede acceder a determinadas ayudas europeas. Pero no esquiva las críticas. «Lo que preocupa es que se vayan a Marruecos para exportar al mercado europeo, afectando así a la rentabilidad de nuestra producción. Es competencia desleal», sentencia Trenzado. Al final, si no hay relevo generacional, los acuerdos de libre comercio perjudica al sector primario europeo y sus costes son más altos que aquellos de los terceros países, «dependeremos cada vez más de fuera y se producirá una crisis de oferta y una guerra entre productores», añade.
