En Bruselas, en Francia, en Italia, en Polonia y ahora también en España. Se cumple una semana desde que los agricultores y ganaderos salieron a la calle a protestar por la burocracia y las condiciones impuestas en la Política Agraria Común (PAC) que perjudica la rentabilidad de su negocio frente a países terceros, como Marruecos. A estas dificultades se suman la falta de relevo generacional, la escasez de agua y de tierra en el caso español, donde las fotovoltaicas y los fondos de inversión compiten por los terrenos frente a los cultivos. Por estas razones, un reguero de empresas agroalimentarias españolas ha desplazado parte de su producción a otros países cercanos a través de la apertura de filiales o de la adquisición de participaciones en empresas locales. Y entre ellos, Marruecos sale ganando con una mano de obra barata y un marco regulatorio más favorable que el ofrecido por la Unión Europea. Según los últimos datos recopilados por el ICEX, el número de empresas españolas ligadas al sector primario en este país asciende a 360, pero si se añaden las participadas y las filiales supera el millar. Aproximadamente «el 10% de las empresas españolas en Marruecos se dedican directa o indirectamente al sector primario», cuantifica el doctor en economía y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras. Entre ellas se encuentran marcas conocidas, como Juver (zumos), Borges (aceite y frutos secos) o Ebro Foods (con marcas de arroz como Brillante o Cigala).