Frenar los efectos de las crisis climática y de biodiversidad con la aplicación de medidas que propicien una «renaturalización justa» de las ciudades con políticas que blinden el derecho a la vivienda y que no generen la expulsión de la ciudadanía de sus barrios. Es la propuesta que han recogido la asociación Amigos de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, en el informe titulado ‘Derecho a la naturaleza, derecho a la ciudad’
«Alertamos de la situación de vulnerabilidad a la que se somete a gran parte la población en barrios con menor renta a la hora de crear zonas verdes, lo que puede ocasionar la expulsión de sus hogares si no se aplican políticas de protección de la vivienda, especialmente en el contexto de cambio climático«, señalan los autores del estudio.
El informe muestra las «grandes injusticias urbanas» existentes y su relación con la naturaleza, y propone «medidas urgentes» para abordar ambas cuestiones a través de políticas públicas. A la vez, recopila diferentes representaciones de la desigualdad social en la ciudad y su relación con la naturaleza.
Jardines del Botánico, en Madrid. / EFE / Oscar Moreno
Las medidas propuestas en el documento pretenden aunar el acceso a una vivienda digna y el derecho a espacios verdes. «Cada día es más urgente tomar medidas eficaces para frenar los peores efectos de la crisis climática y de biodiversidad«, sostienen Amigos de la Tierra y CECU.
Resaltan que las altas temperaturas provocan más de 4.600 muertes al año solo en España. En este sentido, apuntan que las ciudades son un «espacio clave de actuación». Aunque sólo ocupan el 2% de la superficie terrestre, aglutinan a más de la mitad de la población y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Derecho a la naturaleza
La renaturalización de las ciudades es «una de las medidas que puede favorecer tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático«. Porque las zonas verdes urbanas permiten «la reducción a escala local de las temperaturas, además de generar espacios de encuentro y ocio y mejorar la salud de las personas, tanto física como mental».
A pesar de la importancia de la naturaleza para la vida humana, los autores del estudio ven «grandes diferencias en el acceso a zonas verdes por cuestiones de renta, lo cual debe corregirse de inmediato».
«A nuestra preocupación por la falta de planes ambiciosos para renaturalizar las ciudades, añadimos los efectos negativos que estos proyectos pueden tener debido al aumento de los precios de la vivienda, muy relacionado con la ‘gentrificación verde’ (las zonas urbanas que se ‘pacifican’ y llenan de parques sufren una subida de precios), que destruye entramados vecinales y priva a la ciudadanía del derecho a la naturaleza», señalan Amigos de la Tierra y CECU.
Vista de Barcelona / Pixabay
Controlar los precios del alquiler y blindar el acceso a la vivienda son, a su juicio, «mecanismos esenciales» para garantizar que «la necesaria implantación de proyectos de renaturalización se realice sin dejar a nadie atrás».
Las organizaciones autoras del informe detallan una serie de medidas de urgencia, para las que es necesario contar con el trabajo conjunto entre todas las administraciones, basadas en dos criterios clave: «Por una parte, lograr una implementación de la renaturalización urbana para 2030 que permita cumplir con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (al menos un 30% de cobertura vegetal y que todas las viviendas se encuentren a un máximo de 300 metros de una zona verde), y por otra asegurar el derecho a la naturaleza, de forma que los proyectos de renaturalización no contribuyan a la especulación inmobiliaria«.
Refugios climáticos comunitarios
Para alcanzar esos objetivos juAmigos de la Tierra y CEC juzgan necesarias varias «medidas clave», desde regular el precio del alquiler y limitar la expansión de los pisos turísticos, a la prohibición de talar arbolado maduro en buen estado, pasando por la construcción y el reconocimiento de refugios climáticos comunitarios.
Otras medidas propuestas en el informe son: asegurar el mantenimiento en el tiempo de los alcorques, garantizando que todos ellos están siendo ocupados por árboles en buen estado; promover de forma urgente el desarrollo de los Planes de Ecologización Urbana en ciudades de más de 20.000 habitantes; y equilibrar el número de áreas verdes por barrios, asegurando un mayor desarrollo en zonas de menor renta per cápita.
Más: equilibrar los dispositivos municipales de mantenimiento y jardinería entre zonas de mayor y menor renta, priorizando las zonas de menor renta como medida de reparación a las más vulnerables; favorecer iniciativas de agricultura urbana y periurbana; y reconocer y potenciar las iniciativas comunitarias ya existentes (parques autogestionados, huertas vecinales, etcétera) como bienes comunes medioambientales.
Huertos en Valencia. EFE : Manuel Bruque / EFE / Manuel Bruque
Proponen, asimismo, regular de forma real y efectiva el precio del alquiler en toda España, y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional; intervenir con urgencia en el mercado del alquiler turístico por la destrucción de entramados comunitarios que genera; penalizar fiscalmente la vivienda vacía, estableciendo canales para facilitar la puesta de las mismas en alquiler social; y generar una moratoria al crecimiento urbanístico en ciudades siempre que el porcentaje de vivienda en uso sea inferior al 90%.
«Amigos de la Tierra y CECU instamos a las administraciones públicas a tomar en cuenta estas medidas, y llevarlas a la práctica de forma urgente, en un momento clave para garantizar la adaptación al cambio climático y asegurar el acceso a la vivienda», exponen.
Informe de referencia: https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2023/12/informe-derecho-a-la-naturaleza-derecho-a-la-ciudad.pdf
