Después de un fin de semana en el que el PP ha reconocido sus conversaciones con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que le concedería un indulto, este lunes ha anunciado que interpondrá una querella por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el nombramiento de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala, informaron fuentes del PP.
Se basa para ello en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de noviembre en el que se anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría fiscal como fiscal togada, un cargo previo que se le concedió antes del actual, de fiscal de Sala de Memoria Democrática. Esa promoción fue anulada por el alto tribunal al considerar que García Ortiz cometió una «desviación de poder».
Ahora el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo va un paso más allá y considera que «esa desviación de poder declarada en el ámbito administrativo» por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo «puede conllevar además un delito de prevaricación según artículo 404 del Código Penal».
Dichas fuentes señalan, además, que «la exministra ha sido acusada recientemente por un fiscal anticorrupción de apartarle de investigaciones relevantes por el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que a su vez fue apartado de la carrera judicial por una instrucción fuera de ordenamiento y contra los intereses del Partido Popular».
Desde el PP se recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró fiscal general a la que había sido su ministra de Justicia la legislatura anterior y que ella renunció al puesto, que fue asumido por su mano derecha en el ministerio público, Álvaro García Ortiz. Se insiste en que ha recibido «el reproche de sus compañeros y un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de una asociación de fiscales», la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que le tachaban de «apéndice del Gobierno».
El PP va más allá y le acusa de ser «ejercer como el ministro número 23 de Pedro Sánchez porque así se lo exige el presidente del Gobierno». E insisten en viejos mantras como participó en actos de campaña del PSOE en Galicia contra Alberto Núñez Feijóo, pese a que se trataba de unas jornadas del ministerio público en las que participó como especialista en Medio Ambiente.
A partir de ahí, el partido de Núñez Feijóo, principal responsable de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha doblado su mandato en funciones, aprovecha para poner en duda la imparcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional, a partir de su última renovación, que a diferencia de su composición anterior goza ahora de una mayoría progresista.
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