Derecho a la autodeterminación, expulsión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, inmersión lingüística, un Poder Judicial independiente del resto de España, Agencia Tributaria propia para recaudar todos los impuestos, un sistema de financiación similar al concierto vasco y la creación de una banca pública.
No es el programa electoral de Junts, sino el de la candidata del BNG, Ana Pontón, quien tras los comicios del 18-F puede convertirse en la nueva presidenta de la Xunta de Galicia, si el PP de Alfonso Rueda pierde la mayoría absoluta. Así sería la Galiza ceibe del BNG
Durante la campaña electoral, Pontón ha practicado un discurso centrado en las políticas sociales y en la mejora de la sanidad, que no deja un resquicio para que Sumar entre en la Cámara autonómica.
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Pero su programa recoge un manojo de propuestas que responden a una agenda radical alineada con sus socios de ERC y Bildu. De hecho, el BNG dio su apoyo a la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 13 de enero por las calles de Bilbao para pedir la puesta en libertad de los terroristas de ETA que aún permanecen en prisión.
La última encuesta de SocioMétrica sobre las elecciones gallegas, publicada por EL ESPAÑOL el pasado 31 de diciembre, colocaba al candidato del PP, Alfonso Rueda, justo en los 39 escaños (uno por encima de la mayoría absoluta), seguido por el BNG con 22 y el PSOE con 14. EL ESPAÑOL difundirá este lunes un nuevo estudio demoscópico para los comicios del 18-F con intención de voto.
El candidato del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, no logra despegar en los sondeos y se mantiene como tercera opción. Sólo puede aspirar a un papel secundario: formar parte de un gobierno presidido por la líder del BNG, Ana Pontón.
Autonomía económica y policial
El programa electoral del BNG para estos comicios declara que, con la Constitución de 1978, Galicia padece una «autonomía limitada y tutelada», por lo que reivindica su derecho a la autodeterminación, como instrumento para alcanzar la «plena soberanía». Se trata del mismo argumento que utilizaron, primer Artur Mas y luego Carles Puigdemont, para convocar de forma unilateral sendos referéndums de independencia de Cataluña.
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A la espera de alcanzar este «objetivo estratégico de plena soberanía», el partido de Ana Pontón expone planteamientos de máximos, como la creación de una Agencia Tributaria propia para gestionar todos los impuestos que se pagan en Galicia, mediante una fórmula similar al concierto vasco. Para ello reclama la cesión completa de la gestión del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a Carles Puigdemont negociar en Suiza un sistema de financiación diferenciado para Cataluña. Pero si el modelo del cupo vasco se extiende a las comunidades autónomas más ricas que plantean reivindicaciones secesionistas, se romperá la solidaridad interterritorial que hoy permite a las regiones con menos recursos financiar sus infraestructuras y servicios públicos.
Antes de alcanzar la «plena soberanía» (eufemismo de la independencia), el partido de Pontón pide reformar el Estatuto de Autonomía para que Galicia pueda asumir «todas las competencias esenciales». Entre ellas, menciona «todas las competencias sobre seguridad pública y tráfico», lo que implicaría la retirada de los 8.800 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que desarrollan su labor en Galicia. Estas funciones serían asumidas por una Policía Autonómica.
El BNG también reclama para la Xunta la gestión directa de la Seguridad Social, las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (que Sánchez ha otorgado al Gobierno vasco) y competencias para ejercer sus «relaciones internacionales» con el resto de naciones.
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Aunque la ruptura de la caja común de la Seguridad Social empobrecería a Galicia. En la actualidad, los pensionistas gallegos cobran del Estado 4.400 millones de euros más de lo que la región aporta a la Seguridad Social, debido a su pirámide de población y a su estructura productiva. Un pensionista gallego cobra de media 1.062 euros al mes, frente a los 1.537 euros del País Vasco.
La caja de las pensiones sólo registra superávit en Baleares (209,7 millones), Madrid (179,8 millones), Ceuta y Melilla (5 millones de euros), según el estudio Las pensiones de Seguridad Social en las Comunidades Autónomas españolas, publicado por el BBVA en junio de 2023. Es decir, estos cuatro territorios son los únicos que aportan a la caja común de la Seguridad Social más de lo que perciben sus pensionistas. También aquí opera la solidaridad entre las regiones.
Dividir Galicia en ‘concellos’
Especialmente ambicioso es el planteamiento de la candidata Ana Pontón en materia de Justicia. Reclama que el Tribunal Constitucional no pueda pronunciarse sobre ninguna cuestión que afecte a Galicia y que esta comunidad tenga su propio «Poder Judicial, que sería la última instancia en nuestro País», dice literalmente el texto. Aunque esto cuestionaría la igualdad de todos los españoles ante la Ley, consagrada por la Constitución.
También tiene difícil encaje con la Carta Magna la pretensión del BNG de suprimir la división de Galicia en provincias (así como sus circunscripciones electorales y Diputaciones), para sustituirla por los concellos y comarcas. Junts ya ha arrancado un compromiso similar de Sánchez para que las vegueries (las comarcas de origen medieval) se conviertan en la división territorial de Cataluña.
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El uso de la lengua gallega como «seña de identidad» y herramienta de construcción nacional impregna todas las propuestas de Ana Pontón, que sólo podría gobernar con el apoyo del PSOE.
La líder del BNG también pretende implantar la inmersión lingüística para que toda la enseñanza se realice en gallego, con una única excepción: la introducción de una asignatura de portugués como lengua extranjera, para estrechar lazos con la vecina nación lusa.
Derogaría así el modelo trilingüe impulsado por el PP en la Xunta, en el que las asignaturas se imparten en castellano, gallego e inglés. Esta última lengua se reserva habitualmente para materias no troncales como Música o Educación Física.
Imitando el modelo que Jordi Pujol estableció en Cataluña desde la década de los 80, Pontón también quiere que el gallego sea la lengua exclusiva para los jóvenes en actividades extraescolares, campamentos, deportes, videojuegos y redes sociales.
También promete una norma para garantizar el uso del gallego en el etiquetado, la publicidad, la rotulación y los servicios de atención al público. En el caso de Cataluña, esta medida ha generado toda una industria dedicada a delatar y multar a los establecimientos que no cumplen el requisito lingüístico.
En la Galicia de Ana Pontón (así lo promete su partido), todos los funcionarios de la Xunta deberán acreditar el conocimiento de gallego, al igual que sus empresas contratistas, para garantizar la atención a los ciudadanos en esta lengua.
En el capítulo económico, el BNG expone todo tipo de fórmulas para elevar la recaudación fiscal: un IRPF «más progresivo», derogar la rebaja del Impuesto de Patrimonio que implantó el PP, un nuevo impuesto para las superficies comerciales (que tendría un impacto directo en el precio de los alimentos), otro para las viviendas vacías, un canon para la energía eólica y más multas para quienes dañen el medioambiente.
Pero también propone ligar automáticamente los salarios a la inflación, limitar los sueldos de los altos cargos de las entidades financieras (aunque, en ambos casos, la Xunta carece de competencias para ello), crear una banca pública e investigar el proceso de privatización de las cajas de ahorros gallegas.
Las cajas de ahorros actuaron precisamente como una suerte de banca pública, gestionada por los partidos políticos y sindicatos. Todas quebraron durante la crisis financiera de 2008 y dejaron un agujero de más de 80.000 millones de euros en las arcas públicas.
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