La situación del trasporte comienza a tomar un rol protagónico a nivel nacional debido a que quedó envuelto en la puja política del Gobierno por la frustración del tratamiento legislativo de la Ley “Bases” y en la demanda de los gobernadores por los recursos, discusión que se da en el marco de las transferencias automáticas y discrecionales que la gestión en Casa Rosada pretende eliminar, además del paquete fiscal de la ley ómnibus que fue el principal motivo de la pelea entre Milei y los mandatarios provinciales, dado que el ajuste que prometía ese capítulo perjudicaba a las jurisdicciones del interior.
En este marco, y cómo medida quizás ‘para castigar’ el legítimo reclamo de los gobernadores, Milei desde Israel autorizó la vuelta a comisiones del proyecto de ley reformista y, posteriormente, ordenó la reducción de los subsidios en el transporte al AMBA y la directa eliminación del Fondo Compensador del Interior.
Esta decisión generó revuelo en el ámbito político nacional, pero más aún agravó la ya delicada situación del transporte urbano e interurbano de pasajeros. La quita de este subsidio obligará a los empresarios y a los Ejecutivos municipales y provinciales a pensar una tarifa que gire en torno a los 1000 pesos para cubrir los gastos.
Se paraliza el servicio en Paraná
En la capital provincial, por ahora, no se anunciaron aumentos en el precio del boleto, pero sí ya se tomó una decisión tajante al respecto: desde las 14 horas de este viernes dejarán de circular los colectivos hasta nuevo aviso. Esta noticia se confirmó tras el comunicado oficial del Ministerio de Economía de la Nación que informaba la quita del subsidio.
El motivo principal de la drástica medida de los empresarios del sector es que no cuentan con el dinero suficiente para hacer frente al pago de los combustibles. De hecho, la defensora del Pueblo Marcia López reconoció que desde el jueves se observó una reducción de colectivos. En rigor, circulaban sólo 93 vehículos de los 163 disponibles.
También hay que recordar que esta semana se llevaron a cabo medidas de fuerza encabezada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por demoras en el pago de los salarios a choferes, paro de actividades que se suspendió por la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno.
A pesar de esto, el transporte volverá a frenarse, esta vez no por una medida gremial sino por esta decisión que los empresarios dieron a conocer en una reunión del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU), constituido por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, opositores y oficialistas del Concejo Deliberante y delegados del grupo empresarial.
La decisión del Gobierno
La medida de la gestión libertaria se divide en dos partes: la eliminación total desde este año del Fondo Compensador (destinado a las empresas del interior) y la reducción considerable de los subsidios en el servicio del AMBA (que nuclea Capital Federal y su área metropolitana). Esto se realizará para modificar el destinatario del dinero de Nación, es decir, paulatinamente se subsidiará la demanda y no la oferta, como era hasta ahora.
En el comunicado indican que “la Secretaría de Transporte ha decido terminar con el congelamiento de las tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar” y remarcan que “esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”.
A renglón seguido, informan que a partir de 2024 “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país”.
Red Federal de Intendentes
El viernes pasado, intendentes del interior, entre las que estuvo la presidenta municipal de Paraná Rosario Romero, se reunieron en conjunto con el secretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta para demandar dos cuestiones: la primera, un aumento de los subsidios del Fondo Compensador y la segunda, enmarcado en el primer reclamo, la necesidad de establecer un sistema de redistribución equitativa de esos fondos ya que la gran mayoría son enviados al AMBA en detrimento de las provincias.
Los mandatarios locales se volvieron a sus respectivas ciudades sin respuestas concretas por parte de la administración central. Fueron escuchados por el Gobierno, quizás hasta de manera protocolar, pero sin otorgarle una solución a corto, mediano o largo plazo. Con el diario del lunes, se podría decir que la decisión ya estaba tomada.
Igualmente, del encuentro surgió una noticia importante en el ámbito político y es la conformación de una Red Federal de Intendentes para, desde ese día, comenzar a reclamar en forma conjunta la problemática de la repartición de los recursos fiscales nacionales. En este marco, también declararon la emergencia en transporte.
Además de Romero, estuvieron en la ocasión los mandatarios locales de Mar del Plata Guillermo Montenegro, de Río Cuarto Juan Manuel Llamosas, de Formosa Jorge Jofré, de Neuquén Mariano Gaido, de Santa Fe Juan Pablo Poletti y de Córdoba Daniel Passerini. En representación de Rosario y su intendente Pablo Javkin, viajó la secretaria de Movilidad de ese municipio Nerina Manganelli.