Los estudiantes de las FP sanitarias de centros públicos de la Comunidad de Madrid llevan en huelga desde el pasado 19 de enero porque, a menos de un mes de comenzar el periodo de prácticas, no hay plazas en ningún hospital ni centro sanitario de toda la región. El Gobierno regional, si bien ha admitido la existencia de un problema desde el inicio de las protestas y afirma estar trabajando en un «plan de choque» para garantizar las plazas, no asume su responsabilidad y achaca la situación a la cotización de los becarios impuesta por el Gobierno central.
Los afectados denuncian que, si el problema no se resuelve antes de marzo, que es cuando comienza el plazo para realizar las prácticas en los distintos ciclos de FP, alrededor de 800 personas no van a poder completar sus estudios este curso ni obtener su titulación. Según su testimonio, la principal causa de esta falta de plazas se debe a que los hospitales priorizan a los alumnos de los centros privados, que pagan por cada uno de ellos.
Entre las reivindicaciones, los estudiantes demandan más plazas en la Formación Profesional de la Comunidad, al tiempo que exigen al Gobierno regional prácticas para todos los estudiantes de la FP pública, así como un decreto que garantice dichas prácticas a la actual ministra de Sanidad, Mónica García. En respuesta a estas demandas, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, afirmó el miércoles que la consejería de Sanidad y la de Educación siguen trabajando de forma conjunta para solucionar esta situación y aseguró que “hay un avance notable” en este sentido, aunque sin especificar más allá.
“La situación sigue igual o peor”, lamentan los estudiantes
Pese a estas palabras, alrededor de una centena de persenas se congregó ayer de nuevo frente a la Asamblea de Madrid porque condenan que no han tenido “ninguna novedad” y “la situación sigue igual o peor”, ya que todavía no les han comunicado a muchos institutos las plazas que hay cuando “hay grados medios y superiores que deberían empezar ahora principios de marzo” sus prácticas, según declaró a los medios la portavoz del sindicato de Estudiantes, Celia del Barrio.
Esta segunda concentración se suma a las protestas realizadas el pasado martes frente al Parlamento autonómico y el anterior ante las puertas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Y habrá más, ya que, a la vista de los pocos o nulos avances, los reunidos ayer delante de la Cámara regional celebraron una asamblea en la que aprobaron continuar con la huelga, así como convocar una manifestación para el próximo domingo a la que podrá acudir también el profesorado.
La Asamblea tumba una proposición para reformar el sistema de prácticas
Al mismo tiempo que esto sucedía, el hemiciclo acogió este jueves un Pleno de la Asamblea cuyo último punto del orden del día fue el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada de Más Madrid Bea Borrás para, por un lado, ampliar de forma urgente las plazas destinadas a las prácticas curriculares en el sector público y, por otro, establecer criterios que prioricen a los alumnos de los institutos públicos en los convenios con los centros sanitarios de titularidad pública.
La PNL fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox, que habían presentado sendas enmiendas pidiendo eliminar el segundo punto, extremo al que se opuso Más Madrid. Durante la defensa de la misma, Borrás acusó al Gobierno de Isabel Diaz Ayuso de «desmantelar la educación pública por la puerta de atrás», de «mentir a la cara» a los estudiantes al asegurar que el modelo de FP madrileño es «envidiable», tal y como afirmó el pasado martes la directora general de Educación, Luz Rodriguez; así como de «echar balones fuera» en la resolución del problema.
En respuesta, la diputada del PP Mirina Cortés Ortega se atuvo al argumentario esgrimido por Rodríguez en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de principios de semana, achacando de nuevo las «dificultades» para la asignación de plazas al aumento de la demanda, pero, sobre todo, a la reforma legal del Ejecutivo central que obliga a la cotización de las prácticas.
Y es que, de acuerdo con la representante popular, aunque también le preocupa que «ni un solo estudiante» se quede sin poder hacer sus prácticas y titularse, el cambio normativo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los becarios ha provocado que «muchas empresas, sobre todo las pymes» y «numerosas administraciones públicas» han «trasladado que no podrán hacerse cargo de los alumnos en prácticas», ya que «no pueden correr con los costes».
