La crisis energética ha provocado que se dispare el número de familias acogidas a las ayudas para afrontar el pago del recibo de la luz y de otros suministros energéticos. Desde que estalló el terremoto energético a mediados de 2021, no ha dejado de crecer el número de hogares que reciben el bono social -el programa de descuentos en el recibo de luz para familias vulnerables-, hasta rozar los 1,6 millones de beneficiarios, según los últimos datos oficiales del Gobierno.
Al cierre de 2023, en España había más de 1,599 millones de hogares acogidos a estas ayudas para rebajar la factura de luz para vulnerables y vulnerables severos. Desde el inicio de la crisis energética, los receptores del bono han crecido casi un 38%, con 438.000 familias más desde mayo de 2021 (justo antes de las primeras medidas de urgencia adoptadas por el Gobierno para paliar la subida de los precios energéticos, en junio de ese año), según el análisis combinado de las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
La escalada histórica de los precios durante meses, agudizada por el arranque de la invasión militar rusa de Ucrania, provocó un golpe directo para los hogares españoles, con las familias vulnerables como principales damnificadas. Y aunque los mercados se han normalizado sus cotizaciones siguen altas en relación a la media histórica y el número de acogidos al bono social sigue creciendo. Sólo en la segunda mitad de 2023 más de 90.000 nuevas familias solicitaron y se acogieron a las ayudas.
Ayudas reforzadas
El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad (vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social), pero como parte de las medidas anticrisis el Gobierno elevó de manera temporal los descuentos hasta el 65% y el 80% del recibo para la gran mayoría de los beneficiarios. El Gobierno ha decidido prorrogar la subida extraordinaria de las ayudas al menos hasta el próximo 30 de junio.
El bono de la luz da acceso, además, a todos sus beneficiarios al bono social térmico, un cheque ayuda para pagar parte de los gastos de gas, agua y calefacción mediante un pago único de entre 40 y 375 euros anuales en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en que vivan los beneficiarios.
El coste del bono social luz (actualmente unos 800 millones de euros al año) se reparte entre todos los operadores del sector eléctrico en función de su cuota de mercado, pero éstos luego lo acaban repercutiendo a sus clientes. El montante total de las ayudas del bono social térmico (unos 260 millones) lo cubren los presupuestos generales del Estado.
Familias numerosas
De los 1,59 millones de beneficiarios que había al cierre de 2023, casi tres cuartas partes lo son por criterios directamente relacionados con el nivel de renta del hogar: 1,06 millones por ser considerado hogar vulnerable o vulnerable severo, más de 101.000 pensionistas con pensión mínima y 14.200 como beneficiarios del ingreso mínimo vital. Uno de cada cuatro receptores del bono social lo perciben por ser familia numerosa (las que tienen tres o más hijos), que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta ningún criterio vinculado a la renta del hogar. Más de 380.500 familias numerosas percibían las ayudas a final de diciembre de 2023, según los datos del Gobierno, en los que no se desagrega dentro de este colectivo las diferentes tipologías de receptores.
El Gobierno anunció el pasado marzo su intención de aprobar una reforma de los requisitos de las familias numerosas para beneficiarse de descuentos especiales en sus recibos de la luz, con el objetivo de empezar a aplicar topes de renta familiar para acceder a las ayudas (actualmente las familias numerosas las reciben con independencia de sus ingresos) y evitar que accedan a ellas algunos hogares que realmente no los necesitan.
El Gobierno subrayó entonces su pretensión de activar “cuanto antes” el proceso para cambiar el bono social, aunque semanas después empezó a recular y enfrió la posibilidad de una reforma rápida, encomendándose a conseguir un consenso con las asociaciones de familias numerosas antes de aplicarla. El adelanto electoral del 23J -más de cuatro meses después del anuncio- y el parón político posterior hasta la constitución del nuevo Gobierno dificultaron continuar con el proceso.
Casi un año después de aquel anuncio, la reforma prometida sigue sin llegar y desde el Ministerio para la Transición Ecológica se apunta que se sigue trabajando en ella, que mantiene abierto el diálogo con las asociaciones de familias para alcanzar el máximo consenso y que no se marca plazos para abrir un proceso de audiencia pública para la reforma que antaño se consideraba urgente.
Y mientras la reforma legal no llega, miles de nuevas familias numerosas siguen engrosando la lista de beneficiarios del bono social de la luz y el bono térmico sin límite de rentas. Más de 380.500 familias numerosas percibían las ayudas en su factura eléctrica al cierre del pasado septiembre, tras sumar unos 17.600 nuevos hogares con tres hijos o más desde que el Ejecutivo hizo pública su intención de aplicar topes de renta.
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