Después de su derrota parlamentaria, que la ha obligado a abandonar al menos temporalmente la llamada Ley Ómnibus con la que buscaba introducir reformas radicales en todos los órdenes de la vida argentina, la ultraderecha presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa califica al aborto de «delito» susceptible de ser castigado con hasta 15 años de cárcel.
En 2018, durante el Gobierno de derechas de Mauricio Macri, y en medio de fuertes movilizaciones sociales, los diputados le dieron luz verde a la legalización del aborto. La misma fue sin embargo rechazada por los senadores. La Ley 27.610 se aprobó finalmente en diciembre de 2020, en plena pandemia y bajo la presidencia del peronista Alberto Fernández, como consecuencia de las masivas manifestaciones del movimiento feminista, conocidas como la ola verde. Las disputas alrededor de esa norma se hicieron sentir en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Las iglesias católica y pentecostal también se expresaron en el espacio público en rechazo del proyecto.
En el nuevo contexto político derivado de la asunción a la presidencia de Javier Milei se han reactivado los reclamos para eliminar el derecho consagrado por el Parlamento y que permite interrumpir legalmente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
La propuesta de La Libertad Avanza retrotrae a la Argentina antes de 1921, cuando una reforma al estableció que en casos de violación el aborto podía ser realizado. «El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho», se estipula en el proyecto del oficialismo. «Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica».
El oficialismo decidió impulsar esta ley porque «la tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica» sino «fundamentalmente moral». El proyecto, que tiene como autora a Rocío Belén Bonacci, legisladora por la provincia de Santa Fe, y fue suscrito entre otros integrantes de esa bancada por Lilia Lemoine, una cosplayer cercana a Milei quien ha deslizado sus sospechas sobre la redondez de la tierra.
«El que causare un aborto será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer», se propone. A su vez, establece la «reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer».
Los promotores de esta ley apuntan a «eliminar la injusta y arbitraria distinción que la redacción actual traza entre los abortos realizados antes de la semana 14 sin reproche penal- y los realizados luego de dicho plazo -penalizados en los casos en que no se verifiquen las causales de no punibilidad-, en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas».
Legisladores de ultraderecha hicieron en su presentación un fuerte alegato «a favor de la vida». El comienzo de la vida humana «hace tiempo que ha sido aclarada por la ciencia». La genética moderna «ha demostrado que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo de la especie humana, con carga cromosómica propia, característica que lo convierte en una entidad distinta a su madre».
La suerte de la Ley Ómnibus
En este contexto, otro diputado oficialista, Carlos D’Alessandro, aseguró que el Gobierno podría retirar definitivamente el proyecto de la Ley Ómnibus que no pudo pasar la instancia de la votación de los artículos en particular y fue devuelta a comisión para que vuelva a ser debatida. «Recibimos noticias de que no piensan, desde el Ejecutivo, enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley ómnibus va a ser retirada», dijo.
La derrota parlamentaria provocó la ira de Milei, quien al momento del hundimiento de esa herramienta legal se encontraba en Jerusalén. Desde Israel, el anarco capitalista atacó a los legisladores que impidieron que prospere la iniciativa. «La casta política como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para sostener sus mecanismos por los cuales le roban a los argentinos».
