La Asociación de Fiscales ha publicado una tribuna en el diario especializado en información jurídica Confilegal en el que se muestra muy crítico con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que insta a dimitir. Lo hace a través de un artículo de 2017 que el propio García Ortiz firmó como presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para acusarle de que ahora, bajo su mandato, es cuando «la identificación de la Fiscalía General del Estado como apéndice del Ejecutivo ha alcanzado tal grado de intensidad que la reacción normal en la opinión pública es no esperar respuesta alguna por parte de la institución cuando se debate sobre cuestiones jurídicas que los agentes políticos han trufado de ideología y de intereses partidistas».
En 2017, García Ortiz denunciaba la pérdida de credibilidad del ministerio público y aseguraba que “solo a los delincuentes, a los corruptos, a los mafiosos, a los defraudadores, a los terroristas, a los que atentan contra el Estado de derecho les interesa una fiscalía débil y cuestionada», lo que entendía que pasaba si la actuación del ministerio público se relacionaba con una «dependencia política», que podía hacer “que un presunto mafioso, delincuente, terrorista, grupo, organización, prefiera a un fiscal frente a otro» y «maniobre para poner o quitar a determinados profesionales». Añadía entonces que provocaba «escalofrías» que «su cercanía al poder» pudiera concederse «credibilidad” a esos intentos.
En opinión de la Asociación de Fiscales, García Ortiz «es protagonista de un período ominoso en el que la enfermedad entonces diagnosticada, la pérdida de credibilidad, y su sintomatología, los escalofríos, se han ido agudizando dando lugar a una cronificación que ha llevado a la Institución a una honda ciénaga de la que está a punto de tocar fondo», por su indentificación «como apéndice del Ejecutivo».
La asociación critica que, «mientras es válida y procedente la opinión jurídica de cualquier persona, para el fiscal general del Estado resulta inadmisible de todo punto la opinión, jurídica también, de un jurista». Añade que no llama la atención, por su «afición» a «driblar debates necesarios y oportunos (…) bajo la apariencia de mantener la neutralidad por resultar evidente la plena aquiescencia de este con los postulados que desde cualquier tribuna o atril se defienden por los representantes públicos que sostienen al actual Gobierno».
‘Lawfare’
En este sentido, recuerda que no entendió necesario «rechazar de manera contundente» y «abominar» las referencias al ‘lawfare’ (persecución política sin justificación del adversario) que aparecían en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. «Considera suficiente manifiestar de manera inequívoca su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones», lamentan los fiscales conservadores.
«La confusión conceptual no es menor, la perturbación solo es una de las consecuencias de la asunción de existencia de ‘lawfare’, pero poco importa porque así evita pronunciamientos que pudieran resultar incómodos al Gobierno y de paso deja para otro momento la defensa de la independencia judicial, de la autonomía del ministerio fiscal y de la separación de poderes: para cuando un concreto fiscal pudiera (o pudiese, esto es, pretérito imperfecto de subjuntivo expresivo de oraciones condicionales imaginarias o improbables) verse perturbado».
También critican que desoyera la petición de los fiscales conservadores de llevar al Consejo Fiscal la redacción de un informe sobre la amnistía solicitado por el Senado.
Presionar a fiscales
«Nuevamente confundido o confundiendo términos y obligaciones, son innumerables los anteproyectos de ley que se informan por el Consejo Fiscal antes de ser ley publicada y vigente precisamente porque los fiscales están llamados a su aplicación y es obligación estatutaria la impuesta al Ministerio Fiscal de prestar colaboración a las Cortes Generales a requerimiento de estas», sostiene la Asociación de Fiscales.
Y en cuanto a la Junta de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo es tajante: Si entiende «de manera abrumadoramente mayoritaria, y además coincidente con el primer informe del fiscal asignado para dictaminar el asunto, que procede la investigación por el Tribunal Supremo en atención a la exposición razonada hecha por el juez» Manuel García Castellón, el fiscal general «se parapeta tras la dignidad y la profesionalidad de todos y cada uno de los fiscales para rechazar que haya ejercido presión alguna«.
«Si es la dignidad y profesionalidad de los fiscales lo que imposibilita que el fiscal general ejerza presión sobre alguno de ellos para confluir con los intereses del Gobierno, después del recordatorio que en tal sentido se le hizo desde la sala de prensa de Moncloa, es que ha renunciado a defender la independencia en su actuación, especialmente respecto del Ejecutivo, que la credibilidad que reclamaba ahora la contempla como un ornamento prescindible y que al calor de su condición (…) sus escalofríos han remitido y es incapaz de percibir que el ministerio fiscal tiembla», asevera.
