Las tensiones generadas dentro de la Fiscalía por la calificación de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic han coincidido con la visita del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a Barcelona, donde tenía previsto desde hace semanas reunirse con la cúpula del ministerio fiscal en Cataluña. Antes de empezar la reunión, celebrada en la Ciudad de la Justicia, García Ortiz ha aprovechado para salir al paso de las críticas y filtraciones de los últimos días, y para dejar claro que aún no hay ninguna decisión tomada al respecto.
En declaraciones a la prensa, ha calificado de «normalidad» las diferencias de criterios de los fiscales en este caso, pero ha pedido «dejar trabajar» y evitar las filtraciones, que ha calificado como una «traición a la privacidad y al compañerismo». Así, ha negado haber presionado fiscal Álvaro Redono, encargado de elaborar la ponencia sobre la exposición del juez Manuel García-Castellón, para modificar su criterio y ha asegurado múltiples veces que ignoraba la existencia de un borrado anterior del mismo Redondo al que finalmente se le entregó y presentó.
Es la primera vez que el máximo mando del ministerio público se pronuncia después de que este miércoles un total de 12 de los 15 fiscales del Tribunal Supremo apreciaran indicios de terrorismo y que 11 de ellos consideran que son suficientes para imputar al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg.
