“Hoy es el principio, no el final. Esta directiva es un hito. Pero es una tarea inconclusa”, ha reconocido este martes la eurodiputada irlandesa Frances Fitzgerald tras el “acuerdo provisional” cerrado entre Parlamento Europeo y Consejo sobre la primera directiva en la historia de la UE llamada a legislar sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica. Pese a la presión política, el grueso de Estados miembros, no han dado su brazo a torcer y el texto acordado, aunque recoge avances importantes para combatir y proteger a las víctimas, no incluye la definición de violación basada en el consentimiento.
La primera legislación contra la violencia de género se abre camino en la UE aunque será menos ambiciosa de lo que quería el Parlamento Europeo
La intención de la Eurocámara era que la nueva directiva europea, propuesta por Bruselas hace casi dos años, imitara la ley del ‘si es sí’ española y tipificara como delito en toda la UE el sexo no consentido. La dura oposición ejercida desde países como Alemania, Francia o Hungría, entre otros, lo ha impedido. “Hay 13 Estados miembros que se han unido, que querían (incluir la falta de consentimiento como delito en toda la UE), pero no se ha podido alcanzar una mayoría cualificada en el Consejo”, ha explicado Firtzgerald que ha recordado que 22 Estados miembros se han comprometido a aplicar el Convenio de Estambul donde figura la cuestión del consentimiento.
“Es una tarea en la que tenemos que seguir luchando”, ha añadido la sueca Evin Incir, decepcionada con que los gobiernos europeos hayan presentado tantos obstáculos e impedido la inclusión del delito de sexto no consentido, el elemento más polémico desde el principio. «El Consejo no ha querido incorporar la violación como tipo penal así que dejamos a las mujeres del mañana la tarea de lograr lo que nosotros no hemos conseguido. Confío en que se encuentrn un mundo más feminista», ha valorado la eurodiputada española María Eugenia Rodríguez Palop.
Dudas legales del Consejo
Bruselas sí incluyó la noción en su propuesta inicial pero los Veintisiete optaron por excluirlo en su posición común pactada antes del verano al alegar una mayoría de países que no existía base legal para hacerlo. “En ausencia de una definición de la UE y un reconocimiento de la violación como crimen a nivel europeo el servicio legal del Consejo recomendó que podría suponer un riesgo”, explican fuentes diplomáticas.
Durante meses la inclusión de la violación fue una “línea roja” para el Parlamento Europeo. El reloj, sin embargo, jugaba en su contra dado que el plazo para cerrar acuerdos institucionales se agota en los próximos días. Finalmente, y para evitar que la normativa terminara en la papelera y sin poder aprobarse esta legislatura, a los eurodiputados no le ha quedado más remedio que plegarse y aceptar incluir el consentimiento en la parte de la prevención y el compromiso de los gobiernos a “trabajar por una cultura del consentimiento”, ha explicado Incir que ha hecho hincapié que en cinco años habrá revisión de la norma.
Avances importantes
Pese a este revés, la normativa -ahora tiene que ser aprobada formalmente por Consejo y Parlamento Europeo- incluye pasos adelante importantes al establecer normas mínimas relativas a la definición de delitos penales específicos. Por ejemplo, se tipifica por primera vez como delito en toda la UE la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el intercambio no consentido de imágenes íntimas, el ciberacoso y la ciberincitación al odio o la violencia. “Es un gran paso adelante para proteger mejor a las mujeres y las niñas de la violencia, ya sea en casa, en el trabajo, en la calle, fuera de línea o en línea”, ha destacado la secretaria de estado belga para la igualdad de géner, Marie-Colline Leroy.
La norma también introduce circunstancias agravantes como el ejercicio reiterado de violencia contra la mujer, la comisión de un acto de violencia contra una persona vulnerable o un niño y el uso de niveles extremos de violencia. También serán considerados agravantes la intención de castigar a las víctimas por su orientación sexual, género, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y la intención de preservar o restaurar el «honor».
En materia de protección a las víctimas, la normativa exige que los Estados miembros garanticen canales de denuncia accesibles y fáciles de usar, incluida la posibilidad de denunciar en línea, y presentar pruebas en línea, al menos en el caso de los ciberdelitos. Además, cuando las víctimas sean menores, los países tendrán que garantizar que reciben asistencia de profesionales formados para trabajar con menores y si el acto de violencia implica al titular de la patria potestad, la denuncia no debe estar condicionada al consentimiento de esta persona. También tendrán que garantizar órdenes de alejamiento protección en caso de riesgo, líneas telefónicas de ayuda disponibles las 24 horas del día.
