Después de que Junts votara en contra de la Proposición de Ley de Amnistía por no considerarla lo suficientemente ajustada a sus condiciones, el Gobierno se dispone a retomar las negociaciones con Junts para tratar de llegar a un acuerdo que venza las reticencias de los de Carles Puigdemont, y que a la vez tenga todas las garantías jurídicas para no ser tumbado por el Tribunal Constitucional ni por el TJUE.
Sánchez parece haber encontrado esta tercera vía en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El presidente ha adelantado este lunes que está abierto a reformarla para limitar el tiempo de instrucción de los procesos judiciales. No es difícil encontrar en su afirmación de que «hay instrucciones que se prolongan» una alusión velada a las sucesivas prórrogas de los jueces García-Castellón en el caso Tsunami y Aguirre en el caso Voloh, que han tenido el efecto de agrietar el paraguas legal previsto para Puigdemont.
Con esta alternativa intermedia, y tal y como ha asegurado que no hará, Sánchez no tendría que tocar el texto de la Ley de Amnistía. Y aunque no cedería ante la exigencia de Junts de eliminar los delitos de terrorismo y traición al Estado como excepciones para la amnistía, al acortar los tiempos de la instrucción sí atendería a su petición de que la Fiscalía colaborase con la aplicación de la norma.
Porque de este modo quedaría al albur del Ministerio Fiscal ampliar o no el plazo de instrucción, y así evitar si lo considera que el juez pueda seguir investigando.
Y, en virtud del informe mediante el que este martes el fiscal del Tribunal Supremo ha defendido que no hay indicios para abrir una causa a Puigdemont por terrorismo, ya sabemos que la Fiscalía se opondría a la prórroga.
Con el añadido de que el criterio del fiscal Álvaro Redondo queda en entredicho por tratarse de un segundo informe que contradice uno suyo anterior, y mediando una entrevista con el fiscal general del Estado. Aquella pregunta retórica de Sánchez sobre «de quién depende la Fiscalía» adquiere hoy todo su significado.
En virtud de su negativa a extender la amnistía a los delitos de terrorismo y traición, por miedo a que no pasen el filtro del derecho europeo, el Gobierno se está viendo obligado a recurrir a la ingeniería jurídica y verbal para sortear el veto de Junts.
Este nuevo movimiento va en la misma línea de sus palabras de la semana pasada, que intentaron tranquilizar a los independentistas asegurando que sus reparos son infundados porque la ley «va a cubrir todos los supuestos». Y mostrándose convencido de que, con la redacción actual, no prosperará ninguna de las imputaciones por los delitos que podrían amenazarla, porque «el independentismo no es terrorismo».
Y ni con esas Junts se muestra satisfecho, considerando que aún queda un cierto margen para el arbitrio de los que consideran «jueces prevaricadores».
Además, la hemeroteca vuelve a jugar en contra del último «cambio de opinión» de Sánchez. Porque ahora recupera una reforma legal que fue tachada por el PSOE de «especialmente nociva para la tramitación de causas complejas» cuando fue acometida por el PP de Rajoy, al considerar que servía para la impunidad de delitos de corrupción.
Lo que está claro es que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar la aprobación de la amnistía constituye una grave desviación (una más) de la naturaleza del proceso legislativo.
Porque lo que quiere hacer el Gobierno es modificar una ley general, y todo el procedimiento judicial, por un caso concreto (el de Puigdemont), y en pos del interés particular de un individuo (el presidente del Gobierno). Y es que esta reforma no afectaría sólo a las causas del procés, sino a todos los casos penales regulados por esta ley.
Después de haber derogado la sedición, de haber reformado la malversación, de haber concedido los indultos a los líderes independentistas y de haber aceptado aprobar una Ley de Amnistía, llega la enésima subasta del Estado de derecho por fascículos para armonizar la gobernabilidad con las demandas inaceptables de los separatistas.
Una temeridad que resulta aún más inaceptable si se recuerda que el Gobierno ha llegado a barajar una reforma del Código Penal para modificar la tipificación del terrorismo que podría imputársele a Puigdemont. Y nunca sabremos si descartó esa opción por el temor a cruzar otra línea roja ética, o porque Junts ya había aclarado que no se conformaría con ese recurso.
Con Sánchez, hasta los principios más elementales parecen estar abiertos a la negociación y a la revisión en virtud de circunstancias coyunturales.
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