La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir el recurso interpuesto por Vox contra los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso como magistrados del Tribunal Constitucional en el turno reservado al Gobierno.
Tal como adelantó EL ESPAÑOL, el tribunal ha estimado la alegación de la Abogacía del Estado de que Vox no tiene legitimación para impugnar esa decisión discrecional del Gobierno.
El Supremo ha vuelto a confirmar, de esta manera, su doctrina sobre la falta de legitimación de los partidos políticos para llevar a los tribunales actos que tienen, sustancialmente, una naturaleza política.
[El Supremo se inclina por rechazar el recurso de Vox contra la designación de Campo y Díez para el TC]
Es la misma doctrina que se ha aplicado, por ejemplo, a los recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o a las impugnaciones de los indultos a los encausados del ‘procés’, que fueron cuestionados ante el Supremo por distintas fuerzas políticas.
La Sala también ha estimado, pero solo en parte, una segunda alegación de la Abogacía del Estado relativa a la falta de jurisdicción del Tribunal Supremo en relación con la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional.
El TS ha reafirmado su jurisdicción para controlar los elementos formales (los reglados por la ley) del nombramiento de los magistrados del TC.
Por el contrario, ha considerado que no tiene jurisdicción para examinar el cumplimiento del requisito de idoneidad de los candidatos a acceder al TC, valoración que la ley reserva al propio pleno del Tribunal Constitucional.
En el caso de Campo y Díez Bueso, el plácet del Tribunal Constitucional para su nombramiento como magistrados fue unánime.
La decisión del Tribunal Supremo era esperada en el TC, donde se ha vivido no con preocupación, pero sí con cierta incomodidad, el hecho de que el nombramiento de dos de sus integrantes estuviera recurrido y, por tanto, su legalidad puesta en cuestión.
El fallo del alto tribunal da, así, estabilidad a la composición del máximo intérprete de la Constitución que quedó fijada en enero de 2023 tras la renovación que correspondió al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.
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