La junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo sí cree que hay que investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, como lo pide el juez Manuel García-Castellón. Los fiscales del Supremo rechazaban así este martes el borrador que había elaborado su compañero Álvaro Redondo, que abogaba por lo contrario. Pero el Gobierno, que es quien sigue negociando con Junts la ley de amnistía, avisa de que ese criterio de la junta no es el último, que esa no es la «decisión definitiva» y que por tanto podría cambiar.
El Ejecutivo es plenamente consciente de que cada paso que da la Justicia conmociona a los posconvergentes, y que a la vez tiene que mantener su posición de «respeto» a las decisiones del ministerio público y de los tribunales. Por eso mide cada una de sus palabras pero envuelve con ellas un claro mensaje político. Y este martes era nítido: la Moncloa cree que no está todo dicho por la Fiscalía, y que el paso de hoy por tanto podría ser reversible. Quien tiene la potestad de fijar la postura definitiva es la teniente fiscal del Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde.
Fuentes gubernamentales reconocían que no había causado «sorpresa» el posicionamiento mayoritario de la junta de fiscales de lo penal en contra del borrador de Redondo. Y se comprobó cuando, justo después de que saltara la noticia, los periodistas preguntaron a la portavoz del Gabinete, Pilar Alegría. Ella se atuvo al guion que llevaba preparado y escrito.
La ministra mostró primero el «respeto» del Gobierno a la junta de fiscales. Pero añadió que, «de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa». «Claramente [mostramos] nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país», remachó Alegría.
(Noticia en ampliación)
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