Nuevo choque entre los socios de Gobierno por su agenda legislativa. Después de arrancar la legislatura visibilizando sus diferencias en cuanto a una asignatura pendiente de la legislatura pasada, la de los subsidios de paro, ahora vuelven a chocar en público por otra asignatura pendiente de la pasada legislatura: la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha acusado al PSOE de rechazar una mejora de la protección para los trabajadores a tiempo parcial. Concretamente el departamento dirigido desde Sumar pretende incorporar en la transposición un veto específico a que una empresa pueda rebajar de manera unilateral el número de horas que tiene por contrato un empleado a tiempo parcial.
«Algo tan violento», ya que va en detrimento del posterior salario que le quedará al trabajador, según ha declarado Pérez Rey este lunes tras una reunión con los agentes sociales. En España hay unos 2,6 millones de ocupados a tiempo parcial en toda España, el 73% de los mismos son mujeres-. Habitualmente se asocia la pobreza laboral, es decir, no llegar a final de mes pese a tener un empleo, no tanto a un sueldo bajo, sino a no poder trabajar un mínimo de horas al mes para poder juntar una nómina suficiente.
La transposición de la directiva lleva año y medio de retraso, pues el compromiso con la Unión Europea (UE) era de tenerla incorporada a la legislación española desde agosto del 2022. Dicha norma obligará, entre otros, a las empresas a detallar al trabajador su sueldo base, los pluses, el horario y el centro de trabajo en el mismo contrato. También incorpora una serie de limitaciones para las compañías en relación a las horas complementarias que pueden hacer los empleados a tiempo parcial, si bien en este punto no existe consenso dentro la coalición, según ha exteriorizado el ‘número 2’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.
La previsión de Trabajo era llevar la transposición al Consejo de Ministros durante la primera mitad del mes de febrero, si bien las diferencias entre socios están retrasando su aprobación. Que el Gobierno no acabe de tener una mayoría parlamentaria sólida que asegure su convalidación añade obstáculos a ese trámite.
Reforma reabierta
El Ministerio de Trabajo ha mantenido este lunes una reunión con patronal y sindicatos para retomar las conversaciones sobre la reforma de los subsidios de desempleo. Dicha reforma incorpora, entre otros, un aumento del subsidio ordinario de los actuales 480 euros mensuales a 540 euros, durante los seis primeros meses de ingreso. También abre el acceso a los subsidios a los menores de 45 años sin cargas familiares o a los peones de toda España, entre otros.
La mayoría de sus novedades estaba previsto que entraran en vigor a partir del 1 de junio, pero fue tumbado parlamentariamente en enero. Y ahora el Ministerio de Trabajo ha reabierto esa carpeta dentro del diálogo social para ganar legitimidad y, posteriormente, «llevar cuanto antes esta reforma al ámbito parlamentario», según ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en rueda de prensa tras unas dos horas de reunión.
El real decreto que incorporaba la reforma de los subsidios de paro decayó una vez el Gobierno no logró armar la mayoría parlamentaria suficiente para sacarlo adelante. Los diputados de Podemos votaron en contra, junto al PP y Vox, de su convalidación aduciendo que suponía un recorte para los parados de más de 52 años, ya que la reforma reducía las aportaciones públicas cuando estos cobraban un subsidio, empeorando sus condiciones de acceso a la futura pensión de jubilación.
Inicialmente la reforma de los subsidios, que provocó fuertes desencuentros entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo, no fue negociada con los agentes sociales más allá de una reunión de intercambio de papeles que posteriormente no tuvo continuidad. La norma generaliza la posibilidad de compatibilizar un sueldo con seguir cobrando el subsidio durante los primeros 45 días de contrato.
Ahora Trabajo busca incorporar elementos que le trasladan desde los sindicatos y la patronal, como mejorar la protección para los empleados a tiempo parcial, cubrir el tránsito de ciertos perfiles al Ingreso Mínimo Vital (IMV), o el número de peonadas exigibles en Extremadura y Andalucía para poder cobrar el subsidio, según ha enumerado el secretario de Estado. No obstante, sobre el argumento que adujo Podemos para justificar su voto contrario, la reducción de la base de cotización para los parados mayores de 52 años, Trabajo no ha dado señales de querer modular los cambios que contemplaba la reforma.
