No es delito ser vasco ni ser preso

El fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García-Berro se opone a la reapertura de la instrucción de la causa que investiga la organización de 95 ‘ongi etorri’ entre los años 2016 y 2019. La Asociación Dignidad y Justicia había solicitado que se prolongara la instrucción de la causa, que el juez dio por finalizada el pasado 27 de octubre. La organización de víctimas de ETA, en cuya petición se habían sumado el PP y la AVT, consideraba que se debía indagar el contenido de varios mensajes a través de redes sociales entre varios presos de ETA y representantes de diversas organizaciones que trabajan con el colectivo de presos de ETA como Sare, Etxerat y Sortu. El Ministerio público apunta que se prorrogan «sin una explicación oportuna»: «No es lo mismo acompasar los tiempos a la instrucción que la instrucción a los tiempos», apunta.

Así, se instaba a conocer los administradores de varios canales de Telegram, en los que se produjeron las conversaciones, y a citar en calidad de investigados a Joseba Azkarraga, portavoz y responsable de Sare -la plataforma de apoyo a presos de ETA-, a Txema Matanzas, abogado de la izquierda abertzale y a Julen Arzuaga, abogado y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco.

En un duro recurso contra García Castellón, el Ministerio Fiscal se opone a ampliar la instrucción, que recuerda que se solicitó fuera de plazo, y que señala que hace referencia a contenidos y cuestiones que no están relacionadas con la causa que se investiga; la organización de homenajes a presos de ETA a su salida de prisión: «Se pretende realizar una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA», señala el fiscal.

No se «atisba» delito

Añade que en los hechos que se relatan para justificar la reapertura de la instrucción no existe «apariencia delictiva». Prolongar la instrucción supone, apunta un «afán por alargar la instrucción hacia ninguna parte o hacia algún lugar alejado de los fines de la justicia y del interés de las víctimas devienen inútiles».

En la causa están investigados Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, Haymar Altuna, Ohiana Garmendia, Oihana San Vicente y los expresos de ETA, Carlos Saéz de Egilaz y Felipe San Epifanio. El Ministerio Fiscal considera que no está justificado que por los mensajes interceptados en Telegram, y que se emplean como base para la petición de ampliar el número de investigados, se prolongue la instrucción. Insiste en que se debería dar por culminada y continuar avanzando hacia el juicio oral por un presunto delito de organización criminal de carácter no terrorista y un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas.

Del análisis de los mensajes rechaza que en ellos se impartan «directrices e instrucciones» ni que del contenido de los mismos se pueda «atisbar» una «actividad criminal de ningún género». Añade que de reiniciar esa instrucción se incurriría en una «investigación prospectiva»: «No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito».

«Son ciudadanos vascos conversando»

Asegura la Fiscalía que es «extemporáneo» citar a Joseba Azkarraga, Jorge García Sertucha, Julen Arzuaga y Txema Matanzas como investigados. Apunta que apoyar una petición de diligencias en ese sentido supone una alteración «prospectiva e inquisitorial».

Apunta en su escrito que de las conversaciones que han motivado la petición de reapertura de la instrucción sólo se puede concluir que son «ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe». Señala que en ellas se limitan a planear «estrategias» para favorecer los intereses de los presos sin que en ellas se vislumbre relación alguna con la organización ‘Kalera, kalera’: «No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca».