Manuel García-Castellón, el juez que investiga el llamado caso Tsunami Democrátic, ha subrayado en una reciente resolución que, desde su inicio en 2019, esta causa versa sobre un posible delito de terrorismo.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional responde, entre otros, a Gonzalo Boye, el abogado que ejerce la defensa de Carles Puigdemont. El expresidente catalán, fugado en Bélgica, está imputado por un supuesto delito de terrorismo.
Documentación judicial fechada a finales de 2019 —recuerda el juez— ya mencionaban los hechos investigados como «susceptibles de incardinarse» en la definición de terrorismo que recoge el Código Penal.
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Boye, recientemente, había dirigido al Juzgado varios escritos, en los que deslizaba que el juez, de forma intencionada y sorpresiva, mencionaba el terrorismo en la causa judicial a fin de torpedear la aplicación a Puigdemont de la Ley de Amnistía.
«Siempre se ha sabido que no estamos ante actos terroristas», exponía Boye en uno de sus escritos más recientes. Asimismo, el letrado del expresidente catalán sostenía que «sólo desde un retorcimiento indebido del Derecho se podría llegar a tal calificación».
Por otra parte, el juez ha ordenado averiguar el paradero del diputado catalán Rubén Wagensberg, del que se publicó en prensa que había abandonado España y se había instalado en Suiza.
El político es uno de los doce investigados en esta causa, como lo son el expresidente catalán Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos, por un supuesto delito de terrorismo, derivado de las protestas violentas convocadas por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en 2019.
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