El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo ha negado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le haya presionado para exonerar al expresident catalán Carles Puigdemont del delito de terrorimo por el caso Tsunami Democràtic, como le imputa el juez Manuel García Castellón.
Este lunes, se ha hecho público el escrito de Redondo en el que subraya que no hay terrorismo ni concurren indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont, por lo que solicita devolver la causa al juez de la Audiencia Nacional para que continúe la instrucción de la misma.
Pero ocurre que al mismo tiempo varios medios de comunicación han publicado que Redondo cambió su criterio tras reunirse con el fiscal general del Estado, una acusación sobre la que el PP ha pedido explicaciones urgentes y que ha forzado a que él y García Ortiz hayan emitido sendos comunicados rechazando de plano cualquier injerencia.
El origen de la polémica está en un supuesto primer borrador que citan algunos medios en el que Redondo sí habría calificado los hechos de Tsunami como terrorismo y que él mismo habría corregido después, tras reunirse con el fiscal general.
Al respecto, el fiscal Redondo defiende su actuación. «Desmiento haber recibido ninguna instrucción del fiscal general en relación con este asunto. Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir, como ponente, ante la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo».
Explica que elaboró «un primer borrador interno como documento de trabajo» y que «varios días después», redactó «el borrador de ponencia para la junta de Fiscales», en el que concretaba que «los hechos no constituían concretamente un delito de terrorismo».
Tras ello, se reunió el pasado 30 de enero con el fiscal general, a quien adelantó someramente el sentido de su borrador de ponencia, sin que este le diera ninguna instrucción ni él le entregara copia del borrador.
Ya después comunicó su decisión de manera informal a varios compañeros y luego el fiscal de Sala le informó de que había acordado que el asunto se debatiera en la junta del 6 de febrero, por lo que ya sí envió el borrador a los fiscales de la Junta.
Por su parte, el fiscal general desmiente que haya presionado al fiscal del Supremo dejando claro en un comunicado que «respeta absolutamente la libertad de criterio del fiscal Álvaro Redondo en esta causa, y la de todos los fiscales en cualquier otra».
Por lo tanto, «niega tajantemente las informaciones que afirman que ha influido en la decisión» de Redondo y anuncia «que va a requerir formalmente a los medios que han difundido informaciones sobre las supuestas presiones al fiscal Álvaro Redondo para que rectifiquen inmediatamente la información difundida, sin perjuicio de ejercitar, en su caso, las acciones que resulten oportunas»
