El calvario del supercontrato millonario de los ayuntamientos que toca lleno de los ciudadanos: la recogida de basuras y limpieza viaria

Benidorm lo tiene caducado desde 2018, San Vicente del Raspeig desde 2020, El Campello desde 2021, Sant Joan desde 2022… y Alcoy el próximo mayo también se encontrará en esta situación. Otros municipios como Torrevieja -caducó en 2016- o Santa Pola -en 2018- han puesto en marcha sus nuevos contratos entre 2022 y 2023, que ya están en vigor, tras permanecer durante años también prorrogados de forma forzosa. Y el de Alicante entró en funcionamiento el pasado septiembre, eso sí sin que llegara a caducar.

Las causas de esta situación son varias, y se centran en una tramitación compleja y farragosa que eterniza los expedientes, cambios en la normativa que obliga a adaptar los servicios a la nueva legislación, la escasez de personal en los ayuntamientos, la mayor carga de trabajo de los técnicos municipales al asumir los consistorios toda la tramitación del Plan Edificant, recursos de empresas que paralizan los concursos, falta de consignación presupuestaria para asumir un coste récord, la inflación que obliga a revisar previsiones al año de iniciar la tramitación… Y es que se trata del “supercontrato” de los municipios.

Por ejemplo para Benidorm el nuevo servicio supondrá un total de 328 millones en 15 años… y el actual contrato lleva más de cinco años caducado. Y para un municipio como El Campello, con un presupuesto de 30 millones al año, representa 6,5 millones, es decir 65 millones en los 10 años de vigencia, al margen de posibles prórrogas opcionales. Un goloso pastel que en muchos consistorios cuesta Dios y ayuda sacar adelante y se convierte en un auténtico quebradero de cabeza. Y además va a comportar una subida casi inevitable de la tasa, algo que nunca es bienvenido por la ciudadanía. Y es que por imperativo legal para 2025 los ayuntamientos deben cubrir el coste del servicio de recogida de basura con los recibos, sin aportaciones municipales.

San Vicente del Raspeig

San Vicente es quizá uno de los mayores exponentes de cómo una concatenación de factores ha hecho que la limpieza del municipio se haya convertido en el principal problema para los residentes y el propio Ayuntamiento, y tema de debate en las pasadas elecciones: falta de personal, un recurso de una de las empresas que obligaba a reiniciar el concurso, indecisión del ejecutivo en el anterior mandato sobre si volver a sacar el servicio con el mismo pliego o rehacerlo… lo cual ha hecho que las quejas por la falta de limpieza y la deficiente recogida de residuos se hayan disparado en los últimos años.

Así, ejemplifica las consecuencias que tiene para los ciudadanos que caduque este contrato vital y esencial: el servicio que resiente por no estar adaptado a poblaciones que han crecido mucho y cuyos contratos que se firmaron hace 10 o 15 años, por lo que no pueden atender las necesidades actuales. Por no hablar de que la maquinaria y materiales se deterioran, no estar previsto que durarán más allá de 12 años y no poderse renovar hasta que llegue la nueva contrata. 

Además, algunos ayuntamientos se enfrentan a demandas judiciales por estas contratas caducadas. Sin ir más lejos en San Vicente la adjudicataria ha reclamado cuatro millones en total por los años 2020, 2021, 2022 y 2023, para compensar el desfase entre el contrato firmado en su día y el coste real actual, pese a la actualización de precios llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Antonio Díaz (PP), concejal de Servicios de San Vicente, explica que «la situación actual del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos es que hemos tenido que aprobar una quinta prórroga forzosa del mismo. A pesar de que la empresa concesionaria dijo que no podía seguir con el contrato, se le obligó a continuar y esto ha generado un proceso judicial que se inició en la anterior legislatura en el que reclaman el abono de los mayores costes por la prestación del servicio. Es una situación que se enquistó con el anterior el equipo de gobierno -de PSOE, EU y Podem- y nosotros estamos intentando resolverla».

Díaz reconoce que «está claro que los ciudadanos nos han pedido en las urnas una mejor limpieza y, además de pensar en el presente con medidas de mejora, estamos trabajando con la vista puesta a medio y largo plazo para rediseñar totalmente el servicio con un nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos que tendrá unas prestaciones realistas, acordes con la población y la disposición actual de la ciudad». Así, se están redactando los pliegos del nuevo contrato y la previsión es que pueda entrar en vigor el nuevo contrato en el segundo semestre de 2025.

Benidorm

El caso de Benidorm también es paradigmático. Tiene un contrato caducado desde 2018 que se remonta a 1993, cuando Eduardo Zaplana era alcalde de la ciudad. El pasado diciembre el pleno por fin dio vía libre a la salida a concurso del servicio, que lleva más de cinco años prorrogado de forma forzosa. Un lustro en los que las discrepancias entre los técnicos han bloqueado la nueva contrata, tiempo en el que el servicio se ha deteriorado, con importantes deficiencias al estar completamente desfasado.

El concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro (PP), destaca que el Ayuntamiento de Benidorm se encuentra ahora mismo en proceso de licitación de una nueva contrata para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, cuyos pliegos se aprobaron en pleno el pasado mes de diciembre. El plazo de presentación de propuestas concluye el próximo 6 de febrero, fecha a partir de la cual se convocarán las mesas de contratación para conocer las ofertas presentadas y para que los técnicos puedan estudiarlas y valorar las que más se ajustan a las prescripciones técnicas y económicas que establecían dichos pliegos. 

Navarro no ha entrado en las causas de esta demora de cinco años para el nuevo contrato, y no ha podido avanzar en qué fecha comenzará a operar la nueva concesión, aunque sí ha matizado que la voluntad del Consistorio es que Benidorm «pueda tener en el menor plazo posible un servicio de limpieza mejor y acorde a las nuevas necesidades de la ciudad, siguiendo escrupulosamente los plazos legales previstos para este tipo de procedimientos».

El Campello

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), ha explicado que “es el mayor pliego de cualquier ayuntamiento, y el más complejo. Mucha tramitación. La complejidad en los trámites explica eso. Los incrementos de coste tiene mucho que ver con la mano de obra, que hay que calcular contando incrementos salariales. Tanta tramitación explica que se licite a largo plazo. Informe de Recursos Humanos, informe de Hacienda, informe de contratación, analizar el crecimiento de la ciudad… una complejidad enorme”. 

En la localidad la contrata está vencida desde 2021, y «se ha tenido que hacer frente a los pagos y aumentos de precios con operaciones de hacienda varias. En estos momentos, el Ayuntamiento tiene en fase muy avanzada la redacción de proyecto, encargado externamente, para una vez finalizado el pliego licitar el servicio», apuntan desde el ejecutivo municipal.

Así, este pasado jueves se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto de 2024, donde se recoge ya el servicio con dotación económica actualizada, por un montante de 6,5 millones anuales, lo que permitirá sacarlo a concurso cuando estén listos los pliegos. Y es que aprobar este presupuesto era crucial para poder acomodar el nuevo servicio, ya que la localidad permanecía con las cuentas de 2020 prorrogadas y requerían una actualización urgente. El nuevo servicio será por 10 años, lo que nos da un total de 65 millones en ese periodo.

Sant Joan d’Alacant

El concejal de Servicio de Sant Joan, Nicolás López (PP), explica que en la localidad «no tiene un bloqueo como tal de la nueva contrata y los pliegos están ya redactados«. Así, espera que en febrero se lleve a pleno el Plan Local de Residuos, paso previo necesario para que en marzo se aprueben los pliegos para sacar a concurso el contrato, con el objetivo de que pueda entrar en vigor después del verano. 

El regidor recuerda que “hace un año que entramos en el gobierno y nos encontramos que el pliego que se había encargado estaba desfasado, según reflejaban los informes, por lo que tuvimos que empezar desde cero en abril de 2023 con el pliego técnico y el administrativo. Y en verano vimos que era necesario aprobar antes el Plan de Residuos Local, que es un documento estratégico que planifica toda la gestión de los residuos en cinco años”.

López no ha entrado a valorar la labor del anterior gobierno sobre este tema, señalando que además la pandemia ha podido afectar a este tipo de contratos. Y ha señalado que el Ayuntamiento ha rebajado el coste inicial del primer pliego, que se elevaba a 3,6 millones, a los 3 millones que estableció como máximo el alcalde Santi Román, al considerar que el servicio previsto estaba sobredimensionado. 

López ha agregado que Sant Joan va ya por el segundo año de prórroga forzosa, y que «con esta situación se resiente el servicio, con maquinaria deteriorada» 14 años después de su puesta en funcionamiento, el incremento de población… y se requiere de nueva maquinaria.

Alcoy

Por su parte la edil de Transición Ecológica y Medio Ambiente de Alcoy, Tere Sanjuán (PSOE), ha reconocido que el municipio está abocado a continuar de forma forzosa el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, ya que la última prórroga contemplada en el contrato de 2018 expira este mes de mayo. Sanjuán ha explicado que “los pliegos ya están redactados y estamos negociando con los partidos. El servicio expira el 11 de mayo y entre que se aprueban los pliegos, sale a licitación el servicio, se estudian las ofertas, se requiere documentación… no va a llegar a tiempo el nuevo contrato”.

La edil alcoyana destaca que “hace tiempo que venimos trabajando en este contrato”, reconociendo que “la burocracia ralentiza todo mucho, los plazos, las alegaciones… se alarga mucho. Después hay normativa europea que obliga a hacer ciertas cosas por lo que al final es un servicio nuevo, como en el caso de la implementación de la recogida selectiva que cambia por completo al servicio”.

El nuevo contrato superará los 6 millones de euros, cuando ahora está sobre los 4,2 millones al año. Y ha destacado la necesidad del reciclaje, ya que cuantas menos toneladas se llevan al vertedero, menos se paga. Y cada tonelada son 50 euros. 

Visión de los técnicos

Un funcionario de un ayuntamiento de la provincia explica a INFORMACIÓN que “el pliego técnico se prepara con las necesidades reales, pero luego te exigen que se ajuste al presupuesto y se entra ahí en un bucle. Esto provoca un atasco, después suben los precios y todo se complica aún más”. Y apunta también a la falta de personal en los consistorios y a la burocracia, que hace que cualquier expediente se alargue muchísimo en el tiempo. «El problema de estos grandes contratos como el de la recogida de la basura y limpieza viaria está en el presupuesto necesario, en la falta de personal, sobre todo en Contratación, y en que se eterniza cualquier trámite».

En cuanto a la incidencia de la pandemia, apunta que fue aprovechada por los técnicos, ante la falta de actividad, para realizar muchos pliegos, pero después se han tramitado muy poco, apuntando también que las áreas de Contratación suponen en muchas ocasiones un tapón, por lo que es necesario reforzar allí el personal “para que fluya el trabajo”. Otras opciones para agilizar este contrato sería separar la recogida de basuras de la limpieza viaria, algo que se hace en algunos municipios, o emplear convenios marco.

Fesep

Paco Ángel González, secretario autonómico de la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) del Sector de Administración Local de la Comunidad Valenciana, viene a corroborar lo que manifiesta este funcionario. Y es que “estas situaciones de contratos caducados suele pasar mucho en los ayuntamientos. Los técnicos hacen hasta donde pueden, y los pliegos se realizan en función de las necesidades, pero si no hay presupuesto suficiente, se entra en un bucle, ya que no se busca más dinero ni se aprueba. Y esas necesidades no se pueden recortar. A esto se une la falta de personal, sobre todo en Contratación, y que toda la tramitación se eterniza. Entre la dejación, la falta de dinero y de personal, se atascan los expedientes”. Y agrega que a esto se une “el ninguneo a los técnicos o se les falta al respeto”. 

Experto de la UA

Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la UA, explica que “la situación que viven ayuntamientos con la contrata de la basura caducada durante años es una anomalía” y destaca que la solución es que los consistorios “trabajen con previsión”. 

El catedrático recuerda que “hace unos 10 años se venía permitiendo el restablecimiento del equilibrio económico o las prórrogas tácitas, y se prorrogaban los contratos vencidos, pero esto cada vez se ha complicado más y ya no se permite. Por eso, los ayuntamientos deben estar más al tanto de cuándo acaba una contrata y trabajar con más previsión, o encargar a personas o empresa externas la elaboración de los pliegos para el nuevo servicio, sin perjuicio de poder analizar las singularidades del caso concreto ya que a veces se suscitan cuestiones diversas. Pero prorrogar forzosamente no es la solución”. 

La razón de estos contratos caducados que siguen en vigor “creo que es por vicios del pasado, ya que antes se permitía de forma mucho más fácil, la legislación permitía seguir una vez caducado, pero ahora ya no. Es por prácticas anteriores”.

González-Varas señala que otro factor que influye en el retraso en sacar adelante nuevas contratas es que “la contratación de la administración pública cada vez es más complica por la Ley de Contratos, aunque eso no es excusa”. Y también recuerda el efecto que tienen en casos particulares recursos que paralizan concursos u obligan a reiniciarlos, «de ahí que la solución, sin perjuicio de estudiar las singularidades de cada caso, sea trabajar con previsión…».

Varias concesionarias de la recogida de basuras y limpieza viaria de la provincia han declinado a INFORMACIÓN hacer una valoración de las causas de estos atascos.