La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado en contra de imputar por cohecho al FC Barcelona y al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, en la causa que lleva su nombre, al determinar que no tiene la condición de funcionario público necesaria para incurrir en este tipo de delitos.
Según han informado fuentes del ministerio público, los fiscales del ‘caso Negreira’ han presentado un escrito en el que se adhieren a los recursos de la defensa contra la decisión del juez instructor de investigar al Barcelona, a los directivos del club imputados y al propio Enríquez Negreira por delitos de cohecho.
Este delito afecta a los funcionarios públicos cuando reciben pagos de un particular, es decir, un soborno, y para justificar este presunto delito, el juez argumentó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que es parte el Comité Arbitral, «tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública» y por tanto que sus directivos como era deben ser considerados como funcionarios a efectos penales.
Sin embargo, tanto las defensas como la Fiscalía discrepan de esta interpretación, porque las fuentes consultadas aclaran que esto no descarta que les puedan imputar otros delitos cuando llegue la fase de calificación.
Ahoram será la Audiencia de Barcelona quien tenga que decidir si revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que el pasado mes de septiembre añadió el cohecho a los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuye a los investigados en el caso Negreira.
Negreira, llamado a declarar pese a su alzheimer
Por otra parte, el propio Joaquín Aguirre estimó que José María Enríquez Negreira es imputable y, por tanto, lo ha llamado a declarar como investigado para el próximo 21 de febrero a pesar de padecer alzheimer. Los forenses han remitido el informe que examinaba al ex número dos del colectivo arbitral, quien alegó en el juzgado que padecía esta enfermedad y así lo suscribía el escrito, pero sostienen que no le incapacita para comparecer ante la Justicia para declarar.
El ex número dos del colectivo arbitral es el epicentro de la investigación bautizada como caso Negreira, que analiza los 7,5 millones de euros que percibió el vicepresidente del CTA entre los años 2001 y 2018. El juez que instruye la causa, Joaquín Aguirre, entiende que «con carácter indiciario» estos pagos se hicieron con arreglo al cargo que ostentaba José María Enríquez Negreira en el organismo que regula el arbitraje español para favorecer al conjunto azulgrana, que también figura como imputado. Asimismo, los expresidentes del Barça, Sandro Rosell, Joan Laporta y Josep María Bartomeu, también aparecen como investigados, además de otros exdirectivos del club catalán. Se les atribuyen delitos de cohecho y corrupción en el ámbito del deporte.
El magistrado instructor sostiene en el auto que podría existir “corrupción sistémica” en el CTA. En este mismo acepta la petición por parte de LaLiga de la práctica de diligencias para “avanzar en la hipótesis relativa a la posible influencia” del ex trencilla, “sea directamente o a través de su hijo”, que podría haber ejercido sobre el resto de árbitros.
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