Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrados en su día a propuesta del PP, salvo su presidencia accidente, Vicente Guilarte, han pedido a este que convoque un pleno extraordinario para que el órgano de gobierno de los jueces pueda pronunciarse sobre las referencias a jueces que varios portavoces parlamentarios realizaron durante la tribunal del Congreso de los Diputados durante el debate de la ley de amnistía.
La petición firmada por nueve vocales afirma que esos pronunciamientos se produjeron «ante la aquiescencia y mutismo de la presidenta de las Cortes», Francina Armengol, y requieren una respuesta por parte del Consejo. Para fundamentar su petición se remiten a la declaración institucional suscrita el pasado día 19 por la Comisión Permanente del CGPJ, cuando salió en defensa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, tras las palabras que había realizado la vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera. García Castellón fue el magistrado más nombrado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y los de Podemos y Sumar.
La petición firmada por nueve vocales afirma que esos pronunciamientos se produjeron «ante la aquiescencia y mutismo de la presidenta de las Cortes», Francina Armengol, y requieren una respuesta por parte del Consejo. Para fundamentar su petición se remiten a la declaración institucional suscrita el pasado día 19 por la Comisión Permanente del CGPJ, cuando salió en defensa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras las palabras que había realizado la vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera. García Castellón fue el magistrado más nombrado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y los de Podemos, Martina Velarde, y Sumar, Gerardo Pisarello.
El CGPJ apelaba «a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces».
En su declaración consideraba «imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de Derecho»
Entendía que las manifestaciones dirigidas contra el instructor de Tsunami Democràtic «son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho».
La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos«, señalaba antes de recordar que ya había hecho otros llamamientos por otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales”.
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