La Comisión Europea ha ofrecido este miércoles una derogación de un año de las normas de la Política Agraria Común (PAC) que obligan a los agricultores a mantener determinadas tierras en barbecho en respuesta a las preocupaciones de varios estados miembro como Francia, de modo que podrán seguir accediendo a las ayudas. Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como ‘BCAM’, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

Estas normas exigen, entre otras cosas, dedicar una proporción mínima de tierra cultivable a áreas o características no productivas, que normalmente se refieren a zonas en barbecho, un requisito que Bruselas propone derogar para que los agricultores sigan teniendo derecho a recibir el pago directo básico de la PAC.

«La medida de hoy ofrece flexibilidad adicional a los agricultores en un momento en el que se enfrentan a múltiples desafíos. Seguiremos colaborando con nuestros agricultores para garantizar que la PAC logre el equilibrio adecuado entre responder a sus necesidades y seguir proporcionando bienes públicos a nuestros ciudadanos», ha señalado al respecto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En lugar de mantener la tierra en barbecho o improductiva en el 4% de sus tierras cultivables, se considerará que los agricultores de la UE con cultivos fijadores de nitrógeno (como lentejas, guisantes o habas) o cultivos intermedios en el 7% de sus tierras cultivables cumplen los requisitos.

La medida será votada en los próximos días por los estados miembro y, después de eso, la Comisión procederá a la adopción formal para que el reglamento se aplique de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2024.

Los estados miembro que deseen aplicar la excepción a nivel nacional deberán notificarlo a la Comisión en un plazo de 15 días para que los agricultores puedan ser informados lo antes posible.

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