El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Un «paso significativo» ha señalado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García, quien recordó que la puesta en marcha del organismo, una vieja reclamación de los expertos en salud pública, se gestó durante la anterior legislatura (con Carolina Darias como titular del departamento) y que ha estado en espera durante una década. La ministra indicó que se ha abierto el procedimiento para la designación de la sede de la Agencia, por la que pugnan varias comunidades autónomas, que depende del Ministerio de Ordenación Territorial.
El Gobierno se comprometió en 2021 a la puesta en marcha de un centro estatal de salud pública creado por ley. Desde 2011, la Ley General de Salud Pública, establecía la existencia de ese organismo. Tras la experiencia vivida por la pandemia, la AESAP es una prioridad para el Ejecutivo. El organismo se configura como una institución de excelencia técnica y científica que tiene como objeto la preparación, prevención, detección y respuesta rápida frente a amenazas y riesgos para la salud de la población.
Tramitación en el Congreso
El proyecto de ley hoy aprobado pasa ahora a su tramitación en las Cortes Generales, que serán las encargadas de la aprobación partir de la que nacerá este nuevo organismo público que tendrá cinco bloques de acción. Entre sus objetivos: la vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes; la información y comunicación pública sobre esa salud y los riesgos que puedan afectarla o la coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias.
Además, la entidad promoverá el impulso de la capacitación, investigación y de la innovación en materia de salud pública, destinadas a generar, intercambiar y explotar el conocimiento; así como del reforzamiento y la promoción de la cooperación técnico-operativa entre todos los actores que desarrollen funciones en esta materia. Dado el relevante papel de los agentes patógenos de origen animal en las enfermedades infecciosas humanas, añadió la ministra, la AESAP promoverá equipos multidisciplinares que trabajen con una visión holística y transdisciplinar de la salud a través del enfoque ‘One Health’ (una sola salud).
Coordinación estrecha
«Como dice el artículo 2 del anteproyecto de ley para la creación de la AESAP, esta es una ley que tiene como objetivo mejorar la salud, la equidad en salud y el bienestar y, por supuesto, proteger a la población frente a los diferentes riesgos y amenazas para la salud«, ha asegurado Mónica García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra aludió a una pandemia que «puso en jaque» el sistema sanitario y en la que se «evidenciaron los desafíos pendientes que teníamos como sociedad y como sistema sanitario con respecto a la detección precoz, la evaluación y la respuesta rápida a las emergencias sanitarias«. La creación de la agencia, ha dicho, viene a paliar esas carencias y reforzar la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta ante las crisis sanitarias. «No solo es una deuda pendiente con la salud pública, sino que, además, incorpora las lecciones aprendidas durante la pandemia«, enfatizó.
La titular de Sanidad ya adelantó que retomar la creación de la Agencia estaría entre las prioridades de su mandato al frente de Sanidad. Con el objetivo marcado, faltaba finiquitar la tramitación parlamentaria de una ley que, como en el caso de otras, quedó paralizada por el adelanto electoral.
La sede
En los últimos meses, han sido varias las comunidades que se han ido postulando para acoger la sede del organismo – Aragón, ha presentado formalmente su candidatura– pero todavía no se ha despejado la incógnita sobre dónde estará ubicado. Durante los últimos meses, su ubicación causó enorme expectación entre las comunidades que mostraron su interés por acoger la Agencia, entre ellas Aragón, que durante estos meses preparó informes elaborados por diferentes grupos de trabajo en los que se esgrimían, entre otras cuestiones, los motivos por los que, en este caso Zaragoza, que ya ha presentado su candidatura oficial, era el lugar ideal.
Desde un inicio, los expertos en salud pública, apostaron por la descentralización del organismo: es decir, que estuviera ubicada fuera de Madrid, algo que ahora no parece tan claro. A Aragón, le han acompañado en la pugna la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura o Castilla y León.
Personal del ministerio
Sobre la localización, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ya había señalado que Sanidad debería ver «cómo dar alojamiento a la ley existente junto con una realidad, y es que no es una agencia pura de nueva creación, sino que va a incorporar personas que ya estaban trabajando en el ámbito ministerial o en el Instituto de Salud Carlos III. Es algo que habría que abordar».
Sanidad comenzó a finales de año a hablar con Ordenación Territorial, pero fuentes del departamento remarcaban entonces a este diario que «siempre se tomarán las decisiones teniendo en cuenta a la gente que trabaja a día de hoy en las unidades que pasarán a formar parte de la agencia».
Futuras crisis sanitarias
La puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública es una vieja reclamación de los expertos. «Permitirá anticiparse a nuevas crisis sanitarias, y contribuirá a un funcionamiento más eficaz de los recursos de salud pública mediante el trabajo en red, desde una perspectiva científica, técnica e independiente», aseguraba a finales de año la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) que lleva años pidiendo su puesta en marcha.
El proyecto de ley hoy aprobado también prevé la obligación del suministro de datos a la AESAP por parte de todas las administraciones públicas
El proyecto de ley hoy aprobado también prevé la obligación del suministro de datos a la AESAP por parte de todas las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como de las personas físicas y jurídicas, en especial aquellos necesarios para evaluar el estado de salud de la población, realizar las funciones de seguimiento y vigilancia, así como la detección precoz y la evaluación de los riesgos.
Los datos a suministrar, apunta el Ministerio de Sanidad, serán establecidos mediante real decreto, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y cumplirán, en la medida en que sean de aplicación, las previsiones del Esquema nacional de seguridad, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, del Reglamento General de Protección de Datos y su normativa de desarrollo.