El Pleno del Congreso vota la ley de amnistía. Si todo transcurre según el guion, el texto pasará al Senado, donde el PP, a lo sumo, podrá demorar la aprobación definitiva, aunque no es posible descartar sorpresas hoy en uno u otro sentido. Si desde el principio se trataba de una ley a medida de los intereses de Puigdemont, los últimos retoques no han hecho más que acentuar el descrédito. La redefinición a última hora del delito de terrorismo, con el objetivo de blindar la ley de toda intromisión judicial, no solo raya el esperpento; echa por tierra definitivamente cualquier pretensión de argumentar a favor de la medida en términos de favorecer la convivencia en Cataluña. Puesto el listón tan bajo, Junts seguirá apretando al PSOE todo lo que pueda hasta que la situación caiga por su propio peso, poniendo fin a la legislatura.

Esa es la derivada política, pero no hay que perder de vista la cuestión de la independencia judicial. Los ataques a los jueces han sido la enésima prueba de que España tiene un asunto pendiente con la independencia judicial, un asunto que el PP abanderará mañana en la reunión con el Gobierno con mediación de Bruselas, evidenciada la incapacidad de los dos grandes partidos de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Difícilmente podrá el PSOE argumentar en contra de la necesidad de una reforma de la justicia, siquiera porque lleva semanas calificando todas las decisiones judiciales contrarias a sus intereses de estar políticamente motivadas. Al menos, el esperpento de la ley de amnistía podrá dejarnos este efecto colateral positivo.

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