Visiblemente enfadada, la diputada de ERC Pilar Vallugera se ha subido al atril del Congreso para defender la ley de amnistía, minutos después que Junts haya avisado de que mantiene su negativa a la norma. «¿Es necesario que perdamos esta oportunidad?», se ha preguntado de forma retórica, pero con un tono de voz contundente. La republicana ha asegurado que la norma es «robusta» y ha acusado a los posconvergentes de «caer en la trampa» de los jueces, a quien ha tachado de «prevaricadores». Además, ha vaticinado que dentro de un mes -si la norma decae en la votación final y vuelve a la comisión de Justicia- el problema será el mismo. «No es un problema del articulado, es su aplicación», ha aseverado, trasladando la responsabilidad a la cúpula judicial.
«La ley está dotada de la robusteza suficiente como para ir cambiándola por investigaciones prospectivas de jueces que prevarican. ¿Es necesario que seamos nosotros los que le damos entrada? ¿Es necesario que perdemos esta oportunidad?», se ha preguntado, tras reprochar a los de Carles Puigdemont que se sumaran al movimiento independentista durante la pasada década. Para ERC, la ley de amnistía es el mayor logro que el independentismo se puede atribuir en mucho tiempo, y consideran un error desbaratarlo ahora. «Esta ley no va de Puigdemont o Rovira, va de miles de personas», ha remachado.
Todo ello después de los últimos movimientos para intentar esquivar la amnistía de los jueces Joaquín Aguirre, en el caso Volho, y de Manuel García-Castellón, en el del Tsunami Democràtic. La semana pasada, republicanos y posconvergentes pactaron con el PSOE dejar fuera de la exoneración los delitos de terrorismo cuando «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos«. Algo que se justificó como un mayor blindaje de las causas del Tsunami y de los CDR, ya que el texto inicial hablaba de dejar fuera estos casos cuando hubiera «sentencia firme». Sin embargo, en un auto del pasado viernes, el juez García-Castellón no descartaba «ánimo homicida» de los agresores a los agentes, algo que consideró incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Así lo ha afirmado la diputada Vallugera, durante los siete minutos en los que se le ha permitido para defender sus enmiendas -las que no se consiguieron pactar con el PSOE en la comisión de Justicia y llegaron vivas a la votación de este martes-. Entre ellas, hay la petición de que se devuelvan las cantidades cobradas por multas impuestas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como ‘ley Mordaza’-, así como también que se elimine la referencia que permitía incluir los policías a la amnistía. El texto inicial excluye todos los «actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes«, pero solo aquellos «superen un umbral mínimo de gravedad», algo que permitiría la entrada de la mayoría de agentes procesados.
