La ley de amnistía, el pago de Pedro Sánchez a ERC y Junts a cambio de su investidura, será aprobada este martes por el Congreso. Los 178 diputados que respaldaron al líder del PSOE -a excepción de la parlamentaria de Coalición Canaria- darán al visto bueno a la medida de gracia, dejando la norma lista para ser remitida al Senado. Será la última oportunidad para que socialistas e independentistas modifiquen el texto, algo que resulta bastante improbable. El PSOE debería aceptar íntegramente los cambios planteados por republicanos y posconvergentes, algo que el Ejecutivo rechaza, en principio, que vaya a ocurrir, aunque este lunes ha evitado cerrar del todo la puerta a apoyar algunas de estas propuestas de cambio.
Dos meses y medio después de que los socialistas registraran la amnistía en solitario, la proposición de ley recibirá el visto bueno de la Cámara Baja. Se pondrá fin así a una etapa en la que el PSOE y las formaciones independentistas no se han levantado de la mesa en ningún momento para negociar hasta el final cualquier modificación de la norma. Los últimos cambios se introdujeron el pasado martes, durante el debate en la comisión de Justicia.
El texto ha sido reformado para ampliar la cobertura de la medida de gracia, incluyendo las acciones cometidas entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 «en el contexto del denominado proceso independentista catalán» aunque estas no tengan que ver con las consultas del 9-N y del 1-O. También cubre las causas de terrorismo de Tsunami Democràtic y CDR y se ha aclarado su futura aplicación para que tenga efectos prácticos de manera inmediata.
La última ocasión
Durante el debate de este martes en el pleno, el PSOE y sus socios tendrán la última oportunidad para enmendar el texto, aunque con limitaciones. Tras el paso de la norma por la comisión de Justicia, solo quedan vivas las enmiendas registradas por ERC y Junts. Ambas formaciones aseguraron que intentarán convencer a los socialistas de que las apoyen hasta el último minuto. El problema es que ya no se pueden registrar enmiendas transaccionales salvo que estas tengan el visto bueno de todos los grupos, algo que PP y Vox no permitirán.
Así, el PSOE solo podría respaldar las propuestas de cambio que presentaron los republicanos y posconvergentes, estas últimas acordadas también con el PNV. ERC propone la devolución de las cantidades abonadas en concepto de las multas impuestas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’; y excluir todos los «actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes» independientemente de que «superen un umbral mínimo de gravedad». Esta coletilla del texto inicial trata de blindar a los policías.
Por su parte, Junts insiste en eliminar cualquier mención al terrorismo de las exclusiones de la ley. También quieren ampliar la norma para incluir conductas «atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito». Esta redacción podría hacer referencia al caso de Laura Borràs. Todas las votaciones de este martes serán con un nuevo sistema integrado en las tablets que se han incorporado a los escaños de los diputados.
El PSOE, mientras tanto, evita cerrar del todo la puerta a apoyar algunas de estas propuestas de cambio, informa Juan Ruiz Sierra. “Los partidos siguen hablando. Y hasta que se celebre la votación, hay tiempo. Pero estamos satisfechos y cómodos con el texto que salió de la comisión. El documento es robusto, impecable. De aquí a mañana seguiremos hablando, cómo no, con todos los actores”, señaló este lunes la nueva portavoz socialista, Esther Peña.
Los planes del PP
Las polémicas de las últimas semanas en torno a los informes de los letrados del Congreso quedarán en nada cuando la norma llegue al Senado, donde el PP, con su mayoría absoluta, está ultimando sus planes para retrasar la tramitación de la medida de gracia. Los conservadores han pedido informes al Consejo General del Poder Judicial o a la Comisión de Venecia, impulsarán comparecencias de expertos en la Cámara Alta y tratarán de estirar hasta el final los dos meses de margen que tienen tras modificar el reglamento para pronunciarse sobre la ley.
Está por ver si los conservadores enmiendan todo el texto para dejarlo sin efecto o directamente vetan la norma. Sea cual sea la vía, el Congreso deberá revertir todas las acciones del PP. De esta forma, se prevé que la norma esté aprobada de manera definitiva a principios de abril.
