Una hipotética entrada del Estado español en ArcelorMittal estaría amparada por la Constitución, pero eso no significa que la intervención fuese un camino de rosas jurídico y político, sino más bien todo lo contrario. Esta es la conclusión principal de los expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico acerca de las propuestas que algunos actores políticos de Asturias (sobre todo, los sindicatos CC OO y UGT y el PSOE de Gijón, desautorizado ayer por Adrián Barbón) han realizado en los últimos días para garantizar la permanencia de la industria siderúrgica integral.
«Teóricamente todo es posible. La opción de nacionalizar una empresa está contemplada en la Constitución, pero muy probablemente habría reticencias por parte de la Unión Europea, que quizá viese en esa intervención un agravio comparativo respecto a otros sectores de la economía europea que atraviesen una situación de crisis», señala Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
A su juicio, una intervención de ese tipo tendría mejor encaje «con el desarrollo de una ley específica, como la Ley de Industria que se está tramitando en las Cortes, pero jurídicamente no sería una operación nada pacífica, daría mucha guerra», advierte Tolivar, que cree que un episodio así «levantaría aún más controversia que la ley de amnistía a los independentistas».
El abogado Javier Junceda coincide con Tolivar en que, más allá del marco constitucional, «debe existir una ley que ampare la nacionalización, pero ésta debe garantizar también que la empresa pueda reclamar compensaciones». Además, advierte de que «el hecho de que sea una corporación multinacional añade más complejidad al asunto: en una empresa con actividad en distintas partes del mundo, ¿qué parte del negocio podría intervenir el Estado?». En cualquier caso, Junceda recuerda que actualmente «las Administraciones públicas tienen la capacidad de recuperar las ayudas públicas que una empresa no quiera ejecutar».
Alejandro Huergo, también catedrático en la Universidad de Oviedo, opta por la cautela, pero sí afirma que «ha desaparecido el paradigma de que la mejor política industrial es la que no existe», y señala que «los gobiernos de la UE ya están interviniendo de facto en sus industrias por la vía de respaldar económicamente las inversiones clave».
