El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sitúa a Carles Puigdemont detrás del plan de Tsunami Democràtic para «desestabilizar al Estado» y ha acordado la prórroga de la causa judicial seis meses más.
Así lo establece en un auto fechado este lunes, en el que sostiene, además, que el plan último de la plataforma independentista que da nombre a esta causa judicial era el de subvertir el orden constitucional.
«Del resultado de las investigaciones practicadas, se infiere, indiciariamente, que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia«, valora el juez.
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Además, indica que la plataforma estaría «dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
En el llamado caso Tsunami Democràtic, el expresidente catalán Carles Puigdemont está investigado por un presunto delito de terrorismo, ya que tanto García-Castellón como la Guardia Civil le ubican detrás de esta organización independentista, que, entre otros disturbios, convocó a miles de radicales para asaltar el Aeropuerto de El Prat como respuesta a la sentencia del procés.
Tal y como expone el juez en este último auto, «resulta llamativo» que la organización independentista Òmnium Cultural «informase directamente a Puigdemont» del lanzamiento de Tsunami Democràtic, que se produjo el 28 de agosto de 2019, «pudiendo considerar, en base a la información facilitada por la Guardia Civil, que tanto esta fundación [Òmnium] como el señor Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización [Tsunami Democràtic], extremos que deberán esclarecerse en la investigación».
Este último auto del juez se conoce a menos de 24 horas de que el Congreso de los Diputados apruebe la Ley de Amnistía, que los independentistas exigen que beneficie al expresidente catalán.
La Fiscalía se opone
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, se opone a las tesis del juez y sostiene que los hechos investigados, lejos de constituir un delito de terrorismo, deberían ser calificados como desórdenes públicos. Precisamente, el Ministerio Público niega que la plataforma estuviese jerarquizada y organizada, como sí sostiene el instructor de la causa.
Además de a Puigdemont, el pasado 6 de noviembre García-Castellón imputó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, también se opone que sea citada como investigada por un supuesto delito de terrorismo. Un reciente informe de la Guardia Civil, incluido en el sumario del caso, constata que Rovira conocía el plan de Tsunami Democràtic para colapsar El Prat. De hecho, felicitó a otros miembros de la cúpula de la plataforma por el éxito de la convocatoria.
Por el momento, el Tribunal Supremo aún debe decidir si asume la investigación de esta causa, ya que afecta a dos aforados (Puigdemont es diputado en el Parlamento Europeo y también está siendo investigado un miembro del Parlament). Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —el tribunal jerárquicamente superior al Juzgado del que es titular García-Castellón— aún debe resolver el recurso que interpuso la Fiscalía contra la imputación de Puigdemont, Rovira y otros diez investigados. En este listado también se encuentra Josep Lluís Alay, exjefe de gabinete del expresident catalán.
Asimismo, Manuel García-Castellón solicitó colaboración a las autoridades de Suiza, ya que en ese país es en el que reside Marta Rovira, desde que huyó de la Justicia española. El juez quiere saber cuál es el domicilio actual de la política.
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