Nuevas medidas en materia de vivienda. El Gobierno, a través del recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez, está trabajando en sacar adelante una modificación de la actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Así lo deslizó la exportavoz del Ejecutivo durante su intervención en la Comisión Extraordinaria celebrada la pasada semana.
«Conociendo las dificultades que tiene el desarrollo urbanístico a través de los distintos instrumentos de planeamiento, por las distintas anulaciones de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas para mejorar el marco normativo vigente. Puedo anunciarles que vamos a reactivar una reforma legislativa que dote a estos importantes instrumentos de la estabilidad, certeza y seguridad jurídica que necesitan. Los planes urbanísticos y territoriales son una herramienta imprescindible para la política de vivienda. Vamos a hacerlo a través del anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Un texto cuya tramitación decayó en la anterior legislatura (el anteproyecto ya fue en primera vuelta al en Consejo de Ministros en diciembre de 2022) y que ahora volvemos a activar para que su tramitación parlamentaria pueda iniciarse en este periodo de sesiones», señaló Isabel Rodríguez.
Aunque las declaraciones de la ministra no despertaron gran interés entre los portavoces de las diferentes formaciones políticas, se trata de una norma con enorme calado, cuyo cerebro e ideóloga está lejos de la política. Se trata de Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que fue cesada por el escándalo de los trenes que no cabían por túneles en Asturias y Cantabria y, recientemente, volvió a protagonizar numerosos titulares tras su fallido fichaje como presidenta de la patronal del alquiler, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL)
Pardo de Vera, en octubre de 2022, ya reconoció que estaba trabajando en la reforma de la normativa que aplica al urbanismo: «Me gustaría avanzar que estamos trabajando intensamente para culminar un legado muy importante, que es una modificación de la Ley del Suelo. Queremos evitar la paralización de la actividad urbanizadora por defectos de forma en el trámite«. Incluso llego a ir más allá. Desde de la secretaría de Estado se mostraban dispuestos a «combatir la problemática actual sufrida por todos los promotores, tanto públicos como privados, abordando este problema de la tramitación de los cientos de planes urbanísticos en los que a causa de recursos judiciales los planes generales sean declarados nulos por aspectos de forma y no sustanciales» por abogados «dedicados exclusivamente a extorsionar a agentes del suelo».
En el mismo encuentro con profesionales del sector inmobiliario, la exsecretaria de Estado se mostró consciente de los largos periodos de tiempo que tienen que esperar los promotores para obtener licencias de obra en el trámite municipal y el sobrecoste que supone. «Estamos estudiando opciones que ayuden a las comunidades autónomas y ayuntamientos, sin quitar garantías, con nuevos instrumentos a los que puedan acogerse para poner en práctica en materia de urbanismo», apuntaba.
Desde la patronal, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), confían en esta aprobación de la nueva regulación: «Consideramos que es una muy buena noticia que después de tantos años de inseguridad jurídica en lo que se refiere al planeamiento urbanístico de nuestro país, se aporten soluciones que permitan un marco regulatorio que garantice la viabilidad de nuestras ciudades y una mayor certidumbre en el sector de la vivienda».
¿Qué regulará la nueva Ley de Suelo?
El anteproyecto de modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana está redactado y publicado desde diciembre de 2022. En él se reconoce que en España hay una «problemática» en el reglamento a la hora de aplicar instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que provoca su nulidad «por cualquier tipo de vicio procedimental, por insignificante que este sea». Con la modificación de la ley se persigue mejorar la «seguridad jurídica en el ámbito de la planificación» de los nuevos barrios.
En el momento de la redacción, también se justificó la necesidad de su aprobación para «asegurar el buen fin de los numerosos programas de inversión ya aprobados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» y puso deberes a las diferentes administraciones: «Se excluye del silencio negativo a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, destinada al alquiler social, cuando sean promovidas por las Administraciones Públicas, sus entes dependientes o mediante fórmulas de colaboración público-privada».
La modificación supondría también que el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ponga a disposición de todas las Administraciones públicas una plataforma telemática que facilite la información necesaria para solicitar los informes sectoriales con incidencia en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, así como su emisión y gestión. Con esto se debería poner fin al problema de la inactividad o retrasos del Estado a la hora de emitir los diferentes informes.
El Partido Popular, clave en la aprobación
Fuentes socialistas dan por hecho «que el PP apoyará la reforma de la Ley del Suelo», teniendo en cuenta que «hace unos días, Feijóo se marcó como prioridad garantizar mayor seguridad jurídica en materia de urbanismo», explican.
Sin embargo, fuentes de la formación conservadora apuestan por ahora en rebajar ese optimismo y se limitan a señalar que «están en las antípodas de la política de vivienda del PSOE, que incluye topes en los precios y medidas a favor de la okupación ilegal». El PP hizo de la Ley de Vivienda de la pasa legislatura, apoyada por ERC y EH Bildu, una de sus grandes banderas de oposición en el área económica. Además, Feijóo incorporó a su dirección nacional el pasado mes de diciembre a Paloma Martín, exconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, exhibiendo una clara sintonía con las políticas desplegadas en esta materia por Isabel Díaz Ayuso.
La cuestión es que esta reforma de la Ley del Suelo nada tiene que ver con la Ley de Vivienda que, entre otras cosas, ahondaba en la limitación del precio de alquileres. Por eso en el PSOE miran al PP, ya que tendrán difícil contar con la luz verde de sus socios de la izquierda. Fuentes del actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana confirman que la intención es tramitar la ley prácticamente sin cambios y que sean los diferentes partidos los que hagan sus aportaciones para su posterior aprobación en las Cortes.
