Las primeras comisiones bilaterales de la legislatura que convocará el Gobierno serán con Euskadi y Canarias. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso asegurando que estos territorios han sido los primeros en pedirlas y que hará lo mismo con las comunidades que lo “soliciten formalmente”. Desde el departamento que dirige Torres están alineados con la estrategia del ‘café para todos’ para contradecir el discurso de la desigualdad entonado por el PP. “Para nada la igualdad está reñida con el respeto a la diversidad”, defendió durante su intervención para poner en valor como eje central “el reto de mantener que el acuerdo y la minoración del enfrentamiento siga siendo la tónica general”.
El Ejecutivo tiene pendiente de poner en marcha el primer paquete de traspasos comprometidos con el PNV en el acuerdo de investidura. Con Coalición Canaria, por otra parte, el PSOE acordó el desarrollo de la denominada ‘agenda canaria’ con transferencia de competencias, cumplimiento de sus fueros o ejecución de convenios bilaterales.
El mes de marzo es la primera fecha marcada en el calendario, según los compromisos adquiridos con el gobierno vasco, para el traspaso de Cercanías, homologación de títulos universitarios y el sistema de acogida de inmigrantes. El traspaso de Cercanías a Euskadi ya se avanzó en la pasada legislatura al fijarse las líneas e infraestructuras incluidas, pero sin acuerdo sobre el descuento en el Cupo vasco del coste de los trenes. Con las elecciones vascas previstas en el segundo trimestre del año, el calendario apremia para acudir a los comicios con estos acuerdos cerrados.
Torres se reafirmó en el compromiso de promover una ley orgánica sobre plurilingüismo que va a “suponer un hito en la consolidación de nuestra diversidad territorial”. Se trata una norma acordada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, en su reunión bilateral del pasado mes de diciembre con el objetivo de que la ciudadanía se pueda dirigir a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales.
El PNV podrá erigir en campaña la bandera de los avances en el autogobierno, aunque el Ejecutivo está haciendo equilibrios con EH Bildu para corresponder su apoyo en la investidura. El acuerdo de investidura con el PNV establece un plazo “improrrogable” de dos años para activar el resto de competencias de acuerdo con el Estatuto de Gernika. Sin embargo, en el ministerio de Política Territorial reconocen que algunas competencias entrañan “más dificultades” que otras. La principal es la relativa al Régimen Económico de la Seguridad Social. Si bien desde el PNV la alentaron como prioritaria, el Gobierno enfrió este traspaso desde el primer momento por no estar singularizado en el pacto e identificarlo como el más complejo.
El portavoz de los ‘jeltzales’ en la comisión, Miquel Legarda, no escondió su “decepción” sobre la visión del modelo territorial desplegada por el ministro. “La cogobernanza ha supuesto una pérdida de la capacidad de autogobierno”, reprochó en referencia a mecanismos multilaterales como las conferencias sectoriales.
