El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne hoy en Madrid al máximo órgano de su partido entre congresos, la Junta Directiva Nacional, para calentar motores de cara al debate y votación este martes de la ley de Amnistía. Feijóo quiere dar continuidad al multitudinario mitin de este domingo en la madrileña plaza de España, en la que reunió a 70.000 personas, según el PP, y a 45.000, según la Delegación del Gobierno, en el que ha sido, destacan en Génova, «una asistencia histórica» sin contar con el apoyo de otras formaciones políticas.
Los populares han vuelto a demostrar una gran capacidad de convocatoria similar a las de los actos convocados en distintas plazas y zonas de la capital de España como Felipe II, Puerta del Sol y Templo de Debod. El riesgo que se corría en este caso, por tratarse de la primera convocatoria tras el paréntesis de las vacaciones navideñas, era que la protesta social a la ley de impunidad que el Gobierno ha redactado con los beneficiarios de la misma hubiera perdido fuelle. La potente estructura territorial del partido se movilizó para exorcizar el riesgo de pinchazo y aseguró otro acto multitudinario.
Con esos bríos renovados, Feijóo reúne a su Junta con un discurso muy volcado en lo que pasará en el Congreso un día después, esto es, el debate y votación de las enmiendas parciales de la proposición de ley socialista. Todo ello con la incógnita de si los de Carles Puigdemont no han conseguido doblar aún más el pulso al Gobierno después de arrancarle la pasada semana una nueva redacción de los delitos de terrorismo, distinguiendo una suerte de terrorismo light, que es aquel que no persigue de forma manifiesta ni con intención directa causar muertes y que, por tanto, se puede beneficiar de la amnistía.
El Senado espera la ley para retrasar su tramitación
Una vez aprobada la ley por el pleno del Congreso irá al Senado, donde el trámite será mucho más largo. Una reforma del reglamento de la Cámara Alta, propiciada por la mayoría absoluta del PP, permite evaluar a la Mesa presidida por el popular Pedro Rollán si es indispensable el trámite de urgencia, tal y como solicita el Congreso.
La respuesta ya es conocida. Los 20 días de tramitación se van a convertir en dos meses durante los cuales acudirán expertos constitucionalistas a la comisión de Justicia a expresar su criterio respecto a si esta ley no sale del «extraradio» de la Constitución, parafraseando al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Además, el Senado pidió un informe al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que desechó bajo el argumento de que no es competente para emitir este tipo de dictámenes. No así el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que la Cámara Alta también ha pedido un estudio de la ley de Amnistía, no vinculante, que esperan que esté sobre la mesa de Rollán en torno al 12 de febrero, transcurridos los quince días hábiles desde que se le solicitó el pasado día 24.
Los socialistas recurrieron ante el Tribunal Constitucional la reforma del reglamento del Senado, recurso que fue admitido a trámite. Incluso en el caso hipotético de que el TC pisara el acelerador para rechazar dicha reforma e impedir que se alargue el tiempo de tramitación de la ley, no llegaría antes que el informe del CGPJ, uno de los órganos consultivos del Gobierno que, junto con el Consejo de Estado, debería haber sido consultado sobre un texto de tantísimo calado si se hubiera tramitado como proyecto de ley y no como proposición del Grupo Socialista. Lo cierto es que mientras un gobierno está en funciones sólo puede encargarse de la gestión ordinaria de los asuntos y no sacar leyes adelante.
Junts insiste en que se sigue negociando
Al pleno de este martes por la tarde llegan vivas las 11 enmiendas de Junts, partido que, asegura, sigue negociando con el Gobierno hasta el último momento, algo que Moncloa niega. Sin embargo, también negó que fuera a transaccionar cualquier enmienda que no fuera de las pactadas con ERC y Bildu, entre otros, y finalmente lo hizo. Por su parte, el PP presentó una batería de enmiendas de derogación sin rescatar su polémica propuesta de disolución de partidos al ampro de una reforma del Código Penal, que generó un rechazo muy amplio.
Va a ser esta una semana muy intensa en lo político. Porque además del debate del martes, este miércoles hay una cita en Bruselas que tiene como protagonistas al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders; al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Reynders acepta la supervisión de las negociaciones para llegar a un pacto que permita renovar el CGPJ y cambiar el sistema de elección de sus miembros. Además, impone un plazo de dos meses para algo que debiera haber estado resuelto nada menos que hace cinco años.
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