El magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva (Salamanca, 1954), magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, autorizó en 2018/2019 la intervención del teléfono de Pere Aragonès (entonces vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y coordinador Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya, bajo la presidencia de Oriol Junqueras). También autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pinchar el teléfono de Oriol Junqueras. Y mirá por dónde, en enero de 2020, participó en la deliberación y votación del auto que denegó a Junqueras las medidas cautelarísimas contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que le privó de su escaño en el Parlamento Europeo. Más tarde en mayo de 2021, Lucas ponente de la sentencia en la sección cuarta que confirmó la anulación del escaño. Actualmente es presidente en funciones de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
¿Qué se siente al conocer el contenido de las intervenciones telefónicas que uno ha autorizado a practicar y deliberar después en el tribunal que debe resolver un recurso del escuchado? Es el caso de Pablo Lucas y Oriol Junqueras. Habrá que esperar a conocer la reacción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero no es difícil intuir el asombro de los jueces europeos ante la «normalidad» de la conducta del magistrado Lucas de la Cueva, que fue candidato del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 2022 a ser magistrado del Tribunal Constitucional, sin éxito.
Lucas Murillo de la Cueva es juez encargado de estudiar las actividades del CNI desde 2009. Su último mandato fue renovado en 2019 y su cinco años vencen en noviembre de 2024. ¿Cómo opera el juez que atiende al CNI? Es el encargado de recibir a los letrados del CNI, quienes le exponen los casos en los que la actividad de inteligencia provoca una restricción de derechos fundamentales: entrada y registro de domicilios, intervenciones telefónicas, y otras.
El juez, en secreto, toma nota y redacta un auto, como cualquier otro juez, en el que autoriza las medidas que se le piden. Dicho auto es secreto. El CNI da cuenta después al juez lo que han permitido conocer las medidas adoptadas. Cuando se quiere prorrogar la medida de intervención, el CNI informa al juez sobre las razones y este vuelve a redactar una resolución, siempre secreta, que da luz verde a la prórroga o la deniega.
Incompatibilidad
Por tanto, Lucas conoce las transcripciones de las intervenciones telefónicas de los teléfonos de Junqueras y Aragonès, entre muchos otros afectados por las medidas de intervención autorizadas. Y ello no le llevó a plantearse ninguna incompatibilidad cuando después de emitir esas autorizaciones -la de Aragonès ya es pública al ser desclasificados los autos por decisión del Gobierno- tuvo que participar en la sección cuarta de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, en dos circunstancias. La primera fue en 9 de enero de 2020, cuando junto con sus colegas (Luis María Díez Picazo, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico y Pilar Teso) prestó su apoyo al auto que desestimó las medidas cautelarísimas urgentes que solicitó la defensa de Junqueras contra la decisión de la JEC de privarle de su escaño en el Parlamento Europeo. Y la segunda, cuando el 12 de mayo de 2021, como presidente de la sección cuarta y ponente de la sentencia la sección en la que desestimó el recurso de Junqueras contra el acuerdo de la JEC del 3 de enero de 2020 y le impuso las costas del recurso.
Se da la circunstancia que Lucas, actual presidente en funciones de la Sala Tercera del Supremo, fue propuesto por el sector conservador del CGPJ en noviembre y diciembre de 2022 como uno de los dos candidatos que debía incorporarse al Tribunal Constitucional (TC). José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, y líder más duro del sector conservador, ideó la candidatura de Lucas aprovechando su talante centrista para mejor vendérsela al sector progresista.
No coló. Los progresistas dentro del CGPJ y del TC supieron a su debido tiempo que la entrada de Lucas al TC venía cargada de compromisos con la derecha para frustrar la presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el TC. Fue entonces cuando Macías propuso a María Luisa Segoviano, magistrada de la Sala Tercera del Supremo, con la idea de que los progresistas rechazaran la iniciativa y se mantuviese el bloqueo en el TC. Macías volvió a equivocarse. Y con Segoviano se consolidó la mayoría progresista.
La incorporación del “juez del CNI” al TC con procedimientos del procés y resoluciones impugnadas pendientes ante el tribunal de garantías hubiera sido una bomba de efecto retardado. Porque parece evidente que Lucas no ha considerado abstenerse en el Supremo por su conocimiento “secreto” del contenido de las intervenciones telefónicas a los dirigentes independentistas.
«El ‘incidente’ Lucas-Junqueras sugiere que el sistema de control de las actividades del CNI que puede afectar a derechos fundamentales que consagra la Constitución debe ser reformado. Las escuchas han aflorado una situación que requiere mayores garantías. Es una tarea urgente”, señaló un magistrado consultado por El Períódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica.
