La amnistía en Cataluña pretende zanjar un desentendimiento que ha sido cultivado por diversos actores y que no se debe únicamente a la procacidad del nacionalismo. Un simple repaso nos permitirá recordar que nadie resolvió el sinsentido de mutilar jurídicamente el nuevo Estatuto de Autonomía después de que lo hubiera votado la ciudadanía (el TC tenía todo el derecho, y hasta la obligación, de hacerlo, pero el conflicto político que generaba la medida era irremediable); Rajoy, a poco de llegar al gobierno del Estado con mayoría absoluta, recibió a regañadientes al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien le propuso un Pacto Fiscal, parecido al de los territorios forales, que el jefe del Ejecutivo se negó siquiera a considerar; durante el cuatrienio de Rajoy, el ministro del Interior, Fernández Díaz, desarrolló, según todos los indicios, la “operación Cataluña”, que consistía en encargar a su policía la construcción de acusaciones falsas contra los independentistas… Este asunto no ha sido todavía juzgado.
El problema era, en fin, al menos tan político como jurídico. Los jueces aplicaron la ley según su leal saber y entender, pero las medidas adoptadas por la derecha en el poder fueron, además de ilegales, profundamente patosas.
No se trata de contrabalancear las responsabilidades ni de descargar artificialmente unos en beneficio de otros, pero sí es pertinente evidenciar que la catástrofe catalana, que empieza a encarrilarse de nuevo, tuvo varios padres. Y la amnistía es realmente la única herramienta capaz de cicatrizar las heridas a medio plazo.
