En plena polémica por la negativa de la alcaldesa ultra de la localidad gerundense de Ripoll, Silvia Orriols, a facilitar el empadronamiento de inmigrantes, lo que dificulta su acceso a la tarjeta sanitaria, Mónica García ha anunciado que dentro de su plan para «recuperar el orgullo» en torno a la sanidad pública «a lo largo de los próximos meses dará salida a una ley de universalidad» que permita que los migrantes sin padrón puedan acceder a los servicios sanitarios.
«Si la sanidad pública es el pilar esencial del Estado del bienestar, la universalidad es su motor. Un motor que impulsa la igualdad y la cohesión social de nuestro país. Es esencial por una cuestión de salud pública, por eficiencia del sistema sanitario y por justicia social», ha señalado la ministra de Sanidad en su primera comparecencia ante el Congreso, en la que ha desgranado el conjunto de leyes, planes y estrategias que prevé aprobar para recuperar el mencionado «orgullo por la sanidad pública» y adaptar el sistema sanitario a los retos del siglo XXI.
García ha asegurado que la ley de universalidad será una de sus «prioridades» dado que cuando el PP aprobó la reforma del 2012, que dejó fuera de la sanidad a los inmigrantes en situación administrativa irregular, «obligó a los médicos a no cumplir con el Código Deontológico», situación que pretende «revertir» con una nueva norma que «garantice la cobertura universal, equitativa y de calidad para cada persona en nuestro país».
El primer intento
En 2018, el Gobierno intentó revertir el recorte llevado a cabo por el PP pero con una norma que indica que los migrantes ‘sin papeles’ necesitan un informe de los servicios sociales para entrar en el sistema sanitario, lo que permite a comunidades y ayuntamientos, como el de Ripoll, a imponer meses de espera. Esta situación ha facilitado que en los primeros nueve meses de 2023 se hayan producido 17.000 casos de «barreras» a la sanidad pública que han afectado a 8.809 personas, según ha documentado Médicos del Mundo.
Este balance, que incluye a 186 menores, 85 embarazadas y 202 casos de facturación en urgencias ha sido mencionado por García en su comparecencia, como argumento para asegurar que la exclusión es «inadmisible y cruel» y, por ello, va a ser revertida. Las miles de barreras a la sanidad documentadas por Médicos del Mundo no solo afectan a migrantes sin padrón, sino también a personas vulnerables que no pueden afrontar los copagos.
