El comienzo del año suele ser buen momento para hacer balance y analizar los datos estadísticos oficiales que se publican en enero sobre la inmigración irregular. El año 2023 ha sido el de mayor afluencia de llegadas a Canarias. A su inicio no era previsible que se superase la cifra de la conocida como ‘crisis de los cayucos’ de 2006, con 31.678 desembarcos contabilizados.
El incremento de la inmigración se debe esencialmente a la concurrencia de dos factores. Por una parte, el nuevo itinerario seguido por embarcaciones de mayor capacidad, procedentes principalmente de Senegal pero también de Gambia y Mauritania, hacia las islas occidentales, en especial la de El Hierro, para eludir el radio de acción de las patrulleras de la Guardia Civil y la vigilancia costera. Por otro lado, el aumento de llegadas a las islas orientales de migrantes marroquíes y subsaharianos desde las costas controladas por Marruecos. Ambas circunstancias han propiciado que, según datos del Ministerio de Interior, hayan arribado al archipiélago 39.910 personas en 610 embarcaciones, lo que supone un crecimiento del 154’55% y del 74 %, respectivamente, en relación con el año anterior, lo que constituye el récord absoluto de llegadas al Archipiélago
Las previsiones para el año en curso son aún más pesimistas, teniendo en cuenta que solo en las tres primeras semanas han llegado más de 4.000 migrantes, la mayoría a El Hierro. Algo insólito hasta ahora y que indica un cambio de tendencia. La travesía de cayucos hacia las islas occidentales ha dejado de ser estacional durante el periodo de calmas, para cronificarse y convertirse en mucho más peligrosa. Todo apunta a que el incremento de inmigrantes senegaleses continuará mientras persista la inestable situación política y la crisis económica que atraviesa el país, agudizada por el agotamiento de sus recursos pesqueros.
A nivel europeo, las estadísticas de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) confirman que el Mediterráneo central siguió siendo la ruta marítima más utilizada, alcanzando la cifra de 147.479 inmigrantes. Según la Agencia europea, las principales nacionalidades de los migrantes de la ruta del África occidental-Canarias son la senegalesa, marroquí y maliense. Prácticamente, el 40 % de las embarcaciones que alcanzan las costas canarias proceden de Marruecos y un porcentaje similar de Senegal.
El lado más trágico de la emigración es la pérdida de vidas humanas. No hay cifras coincidentes sobre el número de migrantes que mueren anualmente en la travesía hacia Canarias. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) cifra en 914 el número de víctimas confirmadas que fallecieron en 2023, mientras que la ong Caminando Fronteras calcula que han perecido unos 6.000 inmigrantes. El Mediterráneo continúa siendo la travesía más mortífera con 2.797 personas desaparecidas en 2023.
La problemática humana y social que encierra la estadística me anima a reflexionar sobre algunas cuestiones que se han suscitado estos días sobre la situación migratoria en Canarias, especialmente en lo que respecta a los menores migrantes. La gran mayoría de los inmigrantes que utilizan la ruta canaria son varones jóvenes en edad de trabajar. Hay un número inferior de mujeres y menores. Frontex estima que alrededor del 10 % de los migrantes que acceden a Europa de forma irregular son mujeres y, otro tanto, menores. Por otra parte, la OIM señala que aproximadamente un 13 % de los migrantes internacionales son menores de 18 años. En nuestra Comunidad, el número de menores migrantes tutelados no ha parado de crecer y la tendencia es que siga en aumento. Actualmente, hay registrados más de 4.700.
En Canarias, los inmigrantes mayores de edad son rescatados, asistidos, identificados y derivados a la península. Por el contrario, los niños, niñas y adolescentes sin compañía permanecen y precisan una prolongada atención asistencial hasta su mayoría de edad. Las competencias definidas en el Estatuto de Autonomía en materia de protección, tutela y atención integral a los menores desamparados en situación de riesgo, están residenciadas en la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
En el contexto actual ha sido objeto de comentario la incidencia en Canarias del llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es un paquete legislativo compuesto por cinco reglamentos que regulan el control de los datos de los migrantes a su llegada, la toma de datos biométricos, el procedimiento para las peticiones de asilo y retorno, el Estado miembro responsable de su tramitación y el Reglamento de crisis. Este último acto normativo era el único pendiente para cerrar el acuerdo, el cual se alcanzó en diciembre de 2023 entre el Consejo, bajo la presidencia de turno española, la Comisión y el Parlamento. El trílogo comunitario ha desbloqueado el procedimiento legislativo que se espera culmine en el mes de abril de este año. El reglamento de crisis instaura un nuevo mecanismo de solidaridad «flexible», consistente en ayudar a los países que se vean afectados por afluencias masivas mediante una distribución equitativa de los inmigrantes, que podrá eludirse previo pago de una contribución de 20.000 euros. Se abre con ello una vía para que aquellos países que lo prefieran puedan «comprar» la insolidaridad, en línea con la política europea de afrontar el fenómeno migratorio a base de compensaciones económicas.
El Pacto Europeo no tiene incidencia en la gestión de los flujos migratorios de Canarias, puesto que afecta a cuestiones de competencia estatal y no regula la atención de los menores. Sin embargo, algunos de sus principios pueden inspirar la adopción de nuevas políticas nacionales de solidaridad intercomunitaria para ayudar a aquellas regiones que, como Canarias, se han visto sobrepasadas por llegadas masivas de menores de edad extranjeros, a los que no basta con prestar la ayuda sociosanitaria inicial, sino que hay que acoger, integrar, tutelar y educar, lo que implica una atención especial que precisa importantes recursos materiales y humanos. No hay que olvidar que, según la ley de protección del menor y los tratados internacionales sobre los Derechos del Niño, los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los españoles, sin que el contenido de sus derechos pueda quedar afectado por la falta de recursos básicos.
Cuanto más se tarde en resolver, el problema se irá agrandando y será más difícil la solución
Por ello, parece razonable que la urgente y esperada norma nacional que obligue a realizar un reparto equitativo de los menores migrantes entre las diferentes comunidades españolas venga acompañada de un fondo económico específico estatal que garantice una adecuada asistencia, lo que contribuiría a alcanzar el deseable consenso y a desbloquear las reticencias de algunas autonomías. El Gobierno de Canarias se ha mostrado muy exigente con esta cuestión, pues resulta inasumible, por muy buena voluntad que se tenga, hacerse cargo de más de 4.700 menores extranjeros. No se trata solamente de un problema económico o de medios, sino fundamentalmente de salvaguardar los derechos del niño. Es necesario atender de manera individual a un colectivo vulnerable que está masificado en nuestra comunidad y que tiene derecho a una atención personalizada, lo que se lograría mejor con una distribución territorial equilibrada basada en la optimización de los recursos sociales disponibles que redunde en el interés prioritario del menor.
Sería conveniente que la disposición legal singularizara presupuestaria y competencialmente la atención a los menores migrantes, que es extraordinaria, imprevisible y distinta a la de los menores nacionales en situación de vulnerabilidad, cuya integración debe producirse en la comunidad autónoma de residencia, con arreglo a las competencias y recursos de la Consejería competente. Por el contrario, los menores extranjeros no tienen arraigo en ninguna comunidad ni familiares cercanos, por lo que su integración no está vinculada a un territorio en concreto y pueden ser mejor atendidos en regiones cuyos recursos de acogida no se encuentren saturados.
Hasta ahora, en las reuniones de la Conferencia Sectorial de la Infancia y las mantenidas entre la consejera con la ministra ha habido buena predisposición para atender las demandas de Canarias y establecer un reparto obligatorio, pero no se ha adoptado ninguna medida para revertir una situación acuciante. Ni siquiera se ha cumplido el acuerdo adoptado hace más de tres meses para trasladar 339 menores desde Canarias a otras comunidades. La posible solución podría consistir en aprobar una ley que establezca los criterios de reparto proporcional obligatorio de los menores inmigrantes entre todas las comunidades autónomas, haciéndose cargo el Estado de la financiación necesaria. Habría que negociar con el Gobierno de la nación la inmediata tramitación en el Congreso de una proposición de ley por el procedimiento de urgencia, que también podría ser presentada por un diputado canario, con la firma de otros catorce parlamentarios. Otra posibilidad es que el Parlamento de Canarias remita a la Mesa del Congreso la proposición de ley. La fórmula de un Decreto Ley, que sería más rápida, no parece viable, puesto que habría que modificar la ley del menor que tiene rango de orgánica y se puede afectar además al régimen de las comunidades autónomas, al modificar sus competencias.
En todo caso cuanto más se tarde en resolver, el problema se irá agrandando y será más difícil la solución.
