La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ha descrito los actos de Israel en Gaza desde el 7 de octubre como posible genocidio. Ha dictado medidas provisionales, pero ha rechazado, como pedía la demanda de Sudáfrica contra Israel, ordenar el fin de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. La resolución es extraordinaria por el panorama que expone ante el mundo: la devastación, crisis humanitaria y muertes masivas de mujeres y niños como resultado de la ofensiva de Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí, que dejó alrededor de 1.200 civiles y militares muertos. Pero las medidas dejan en manos del presunto genocida -Israel- la prevención del genocidio.
Las medidas provisionales, según ha declarado Ricard Falk, el último de los relatores de las Naciones Unidas para los territorios ocupados, puede “ahora conducir a una guerra de tira y afloja sobre lo que se cumple y lo que se incumple”.
Pero Benjamín Netanyahu ha conseguido uno de sus objetivos fundamentales cuando declaró el pasado13 de enero que “ni La Haya nos detendrá en Gaza”, a saber, el Tribunal no ha ordenar paralizar la carnicería humana y material que llevan adelante las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) al menos desde el 7 de octubre de 2023 de manera abierta,
“Es el genocidio más transparente de la historia humana” explicó Falk. Precisamente, la exposición que realizó el Gobierno de Israel el 12 de enero de 2024 en La Haya se basó en un argumento: el Ejército israelí basa todas sus acciones militares en asesoramiento legal permanente. Según dijeron, cada acción importante es consultada por los jefes militares con los abogados expertos en legislación militar internacional.
Por tanto, existe un plan deliberado en el que se asume que la devastación y muertes de la población civil son “daños colaterales” habida cuenta de que, según han explicado, Hamás es una organización “empotrada” en la población civil, en hospitales, domicilios particulares, mezquitas y centros de la ONU.
Medidas cautelares
En su orden, el TIJ exige a Israel la aplicación de seis medidas cautelares. La primera es que “que adopte medidas para no matar a palestinos”; la segunda, que “adopte medidas para que las acciones militares no incurran en actos de genocidio”; que se “prevenga y castigue la incitación directa y pública al genocidio de los palestinos”; se debe prevenir y castigar cualquier incitación directa y pública a cometer genocidio en Gaza; “tomar medidas para impedir la destrucción de pruebas que pueden utilizarse para probar genocidio”; “tomar medidas para el acceso a las necesidades humanitarias de la población de Gaza”; “presentar un informe en el plazo de un mes al Tribunal desde que dicte la orden”.
Es decir; aquellos a quienes se atribuye actos que “posiblemente” (esta es la fase preliminar del pleito en La Haya) se les da la oportunidad de contenerse o autoenmendar su conducta presuntamente genocida.
Fallo salomónico
Fuentes jurídicas señalan que quizá la razón para haber ignorado la principal petición provisional de Sudáfrica, frenar la guerra inmediatamente para impedir que se consume el genocidio, obedezca a la presunta búsqueda de “equilibrio” o “fallo salomónico” del tribunal. Es decir: como Hamás dispara cohetes sobre territorio israelí, y Hamás no es parte del procedimiento, el Tribunal ha evitado una orden que exigiese solo a Israel paralizar la acción militar de inmediato.
Mientras el tribunal dictaba su orden, los ataques israelís han provocado un gran número de muertos en Gaza. Treinta días suponen más de 1.000 muertos, la mitad mujeres y niños,
Las medidas del Tribunal podrían haber funcionado inmediatamente después del 7 de octubre como medida de prevención. Una parte del genocidio ya se ha producido. Se trataba de evitar su progreso y consumación.
Y es precisamente lo que el Tribunal ha evitado.
