El actor Patrick Criado, popular por sus papeles en series como ‘Águila Roja’, ‘Mar de Plástico’ o ‘La casa de papel’, entre otras, se ha pronunciado críticamente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sobre los retrocesos en derechos LGTBI de la región, dejándole a la dirigente ‘popular’ un contundente mensaje.
Criado, quien ahora participa en ‘Las noches de Tefía’ interpretando a Manuel Flores, un homosexual represaliado durante los tiempos de la dictadura franquista, ha hablado sobre Ayuso en una entrevista con El Español. Al ser preguntado por las numerosas críticas que recibió por las reformas de las leyes LGTBI, que suponían diferentes atrasos para este colectivo, Criado ha querido saber cuáles eran las intenciones de Ayuso al tomar medidas de esa clase.
«Yo le pediría que dijese cuál es la intención real de hacer algo así sin máscaras y sin esconderse. Que dijera de manera honesta qué quiere, ya no sólo con la ley, sino de aquí a unos años. Que la gente sea capaz de ver y entender cuál es su meta«, ha respondido el actor.
«Ayuso marca retrocesos y luego echa balones fuera. No es clara. Parece que es directa, pero luego no es transparente en su discurso. ¿Cuál es la intención que tiene?», se ha cuestionado.
«Yo le preguntaría si realmente cree que esto va a mejorar la vida de las personas en el mundo hacia el que estamos evolucionando, y si piensa que con este tipo de leyes va a mejorar la vida de la gente, que es para que la han votado. No lo entiendo«, ha sentenciado el intérprete.
Los retrocesos LGTBI de Madrid
En la recta final de 2023, el PP hizo valer su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para modificar las conocidas como leyes trans y LGTBI autonómicas, que están vigentes desde el año 2016 y que salieron adelante durnte el mandato de Cristina Cifuentes.
Dos modificaciones que cortaban de raíz con muchos de los derechos de las personas LGTBI, en especial de los menores de edad. Por ejemplo, si deciden iniciar una transición deberán ser tratados administrativamente con el género del que quieren desprenderse, apareciendo en documentos como las notas que reciben cada trimestre con ese necrónimo.
Una situación que se consiguió cambiar con la ley de 2016 y que siempre ha sido motivo de conflicto para los menores trans ya que, aunque expresaban otra identidad de género diferente a la que aparecía en documentos oficiales, podían sufrir discriminación si eran tratados por el nombre que aparecía en su DNI y no en el que querían usar conforme a su identidad.
La justificación de estas reformas legislativas fue la de «dar mayor claridad y seguridad jurídica» y eliminar algunos aspectos vigentes como «la inversión de la carga de prueba». En la realidad, y comparando las modificaciones con las dos leyes, fue eliminado desde el régimen sancionador por LGTBIfobia detallado, la necesidad de tener libros con temáticas LGTBI en las bibliotecas públicas o la formación del profesorado para tratar con menores trans de una manera adecuada.
En el mismo sentido, también supuso la eliminación del reconocimiento y visibilidad de la Comunidad de Madrid a las personas LGTBI, que se hable de personas LGTBI en los colegios, que se desarrollen políticas de apoyo, que se cuente con los colectivos o que las personas trans que quieran recibir tratamiento hormonal y residan en pueblos de la región lo puedan hacer de manera próxima y sin verse obligadas a desplazarse a kilómetros. En los casos de los menores de edad, deberá ser un pediatra el que determine que pueden acceder a la transición a pesar de que la recién aprobada Ley Trans estatal eliminaba este requisito.
A su vez, estas proposiciones de ley se fueron aprobadas por el procedimiento de urgencia, lo que le servía al PP para acortar sensiblemente los tiempos de tramitación de la norma. Según se indicó a la hora de su aprobación, la urgencia estaba motivada por «la necesidad de adaptar la actual ley a la normativa estatal» y para «corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales». Cabe recordar que la normativa nacional va en sentido contrario a estas últimas modificaciones y que, en los siete años que lleva la norma en vigor, no se ha producido ningún problema que afecte a ningún ciudadano ni vaya contra los «derechos fundamentales». Además, la norma eliminaba por completo la carga de prueba, así como el término «identidad de género«, utilizado esencialmente para definir el género con el que se identifica cualquier persona.
