El pleno del Congreso que aprobará la ley de amnistía para remitirla al Senado está un paso más cerca pero, tras el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, no queda al cien por cien claro si el Gobierno aceptará cambios en el texto, si los socialistas asumirán las enmiendas que han dejado vivas Junts y ERC. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el negociador de la letra pequeña de la norma, rehusó confirmar este viernes si ya da por cerrada finalmente la redacción, aunque a continuación precisó que su partido está votando a favor de las enmiendas que «aprueba y pacta», lo que descartaría que se sume a unas correcciones que han elaborado las formaciones independentistas sin el concurso del PSOE.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sabe que tiene que guardar muchos equilibrios y medir sus palabras, tanto para no soliviantar a ERC y Junts, de cuyos votos depende, como para no irritar más a la Justicia. Ese es el contexto que rodeaba las declaraciones de este viernes de Bolaños a su llegada este 26 de enero a una reunión informal de los ministros de Justicia de la UE. El ministro intentó ser cuidadoso con el procedimiento parlamentario, sin dar por hecho nada, pese a que se le preguntó en varias ocasiones si daba por cerrada la redacción de la ley de amnistía tal y como salió de la Comisión de Justicia el pasado martes.
Y es que de camino se ha cruzado el auto del juez, que por primera vez señala que algunos de los hechos que endosa a los implicados en Tsunami violan «el derecho a la vida e integridad física» reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española [derecho a la vida] y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», justo la línea que marcaba la enmienda pactada por el Ejecutivo con Junts y ERC para definir qué delitos de terrorismo pueden ser amnistiables y cuáles no. Según la última versión, la aprobada por la Comisión de Justicia, entran dentro de la medida de gracia los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre que no supongan una violación grave de los derechos humanos —esto es, muerte, tortura o trato degradante—. Si se abre camino la lectura de García Castellón, el expresident Carles Puigdemont o la número dos de ERC, Marta Rovira, no se verían beneficiados por la amnistía.
La pregunta, por tanto, es si tras el pronunciamiento del juez puede haber cambios en la ley de amnistía. Pero el margen para el PSOE es pequeño: solo le cabe aceptar las enmiendas de los independentistas, que piden amnistiar todos los delitos de terrorismo. No hay negociación posible para un nuevo cambio en la redacción, ya que el reglamento del Congreso prescribe que para que el pleno pueda transaccionar nuevas enmiendas deben autorizarlo todos los grupos, por unanimidad, y es obvio que PP y Vox no se lo facilitarían a los socialistas.
«El Parlamento es quien aprueba las leyes, el Parlamento es lo que votan los ciudadanos y, por tanto, lo que representa la soberanía popular, y el Poder Judicial aplica las leyes —sostuvo primero el ministro—. Nuestro sistema es muy garantista. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de derecho como es España. Y, desde luego, yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado». Con sus palabras, venía a decir que el auto de García Castellón no es la última palabra, ya que sus decisiones son revisadas por las siguientes instancias.
(Noticia en ampliación)
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