El 17 de diciembre del 1997, Ana Orantes era asesinada por su marido. Solo 13 días antes había acudido a un programa de Canal Sur para contar su vida. Tenía 60 años 4,0 de los cuales habían estado marcados por los malos tratos que sufrió en su matrimonio. Por primera vez, la sociedad española había sido espectadora de la violencia de género, que salió de las puertas del ámbito privado para despertar un debate social que fue germen de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Su contenido siguió extendiéndose hasta plasmarse en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, consensuado por todos los grupos políticos, como recuerda la ministra Ana Redondo. «Hoy, sin embargo, este gran consenso está siendo cuestionado por los negacionistas de la violencia de género que están en las instituciones y ponen en jaque algunos de los grandes consensos y avances de los últimos años. Pero la ciudadanía está fuertemente concienciada y comprometida con la igualdad», ha afirmado la ministra, que ha vuelto a anunciar su intención de renovar ese Pacto de Estado en su comparencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Redondo ha señalado que el reto más importante de un gobierno y de un estado democrático en el siglo XXI es acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres, «y con su más salvaje exponente, la violencia machista» recodando que, en 2023, 56 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas; 1.239 desde el año 2003. Por eso, además de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha tildado como uno de los compromisos prioritarios en esta legislatura, ha anunciado que reforzará los medios y recursos en la lucha contra la violencia de género.
Una de las nuevas herramientas que su equipo impulsará para acabar con esta lacra es un «cribado universal» para detectar casos de violencia machista en Atención Primaria que trabajarán con el Ministerio de Sanidad.
También ha asegurado que se reforzará el funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para víctimas de agresión sexual recogidos en la Ley de libertad sexual, más conocida como la ley del sólo sí es sí, aproada en la anterior legislatura. La ministra ha anunciado una ronda de visitas por las comunidades autónomas para conocer de primera mano el estado de desarrollo del proyecto.
Otra de las leyes que se aprobaron la anterior legislatura fue la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Para implementarla, ha anunciado el desarrollo de políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados a través de campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar, especialmente destinadas a la juventud, y teniendo especialmente en cuenta a las mujeres con discapacidad. Asimismo, ha asegurado que trabajarán por que cualquier mujer pueda realizar su interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con el método que elijan: quirúrgico o farmacológico.
Pornografía en menores
En su agenda, ha dicho, también está impulsar un acuerdo de país contra los discursos de odio, que tanto vienen pidiendo entidades de la sociedad civil.
Asimismo, durante esta XV legislatura quieren aprobar una estrategia para para proteger a los menores de la pornografía. Por el momento, ya están trabajando con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre «en un sistema de verificación de edad, que no de identidad, que ya ha sido probado».
Otra de sus líneas de trabajo será buscar la paridad tanto en el acceso al poder como en los cuidados. Además, se ha comprometido a seguir avanzando en la garantía y protección de los derechos de los colectivos más vulnerables y a desarrollar e implementar la legislación aprobada en la anterior legislatura. “El diálogo, la política constructiva y el consenso, en el ámbito internacional y nacional, serán mi bandera”, ha asegurado.
