El Gobierno central ha mandado este jueves los autos del Tribunal Supremo que en su día dieron luz verde al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para espiar mediante el programa ‘Pegasus’ al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marco de las investigaciones sobre el proceso independentista catalán.
En lo que respecta los motivos que llevaron al CNI a infiltrarse en el teléfono móvil del president catalán y coordinador de ERC, se sostiene que Aragonès “dirigía” desde “la clandestinidad” de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).
La justificación del espionaje hacia las actividades del president catalán se sostiene sobre la base de que, según el Centro Nacional de Inteligencia, Aragonès “ha dirigido las acciones de los CDR”. Según estos documentos aportados, el president catalán lo habría hecho “siempre al margen de su papel institucional” y, además, se asegura que posteriormente habría continuado ejerciendo la labor de coordinación de estos CDR. Por su parte, la defensa de Aragonès ha recibido los documentos desclasificados esta tarde del jueves y, fuentes de su entorno, han manifestado su indignación por la justificación que el Supremo realizó para autorizar el espionaje. Los CDR fueron grupos de activistas independentistas que cogieron notoriedad en otoño de 2017 con sus actividades de presión para permitir la votación ilegal del dia 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. Después, eran los encargados de organizar actos de protesta y de boicot durante los episodios de máxima tensión política en Cataluña que se vivieron en cataluña en dicho años, cortando así carreteras, vías de tren y provocaron boicots en otros servicios de transporte.
Fuentes del Gobierno central han subrayado posteriormente que, a día de hoy, hay «transparencia, garantías y Estado de Derecho» pero, con el PP «había guerra sucia y policías paralelas», incidiendo en estos términos que dichas escuchas del CNI se produjeron antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Además, hacen inciso en que «ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente, al Gobierno»: «Ha sido precisamente este Gobierno quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, siempre con el límite de la seguridad nacional», apuntan.
Declaración judicial de la exdirectora del CNI
Con motivo de estos hechos, cabe destacar que este escenario se ha producido un día antes de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con ‘Pegasus’. Las fuentes han considerado que la justificación del CNI para intervenir el teléfono de Aragonès está «fuera de toda realidad» y que se trata de invenciones inverosímiles, dicen textualmente
Será en menos de 24 horas cuando Esteban conectará desde Madrid por videoconferencia con el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, y el juez y las partes la escucharán desde una sala de la Ciutat de la Justicia. El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, solicitó el pasado mes de noviembre, a través de un suplicatorio, esta información reservada acerca del uso de los pinchazos al político de ERC.
Cabe remontarse al pasado mes de diciembre, cuando Aragonès compareció ante el juez para ratificar la querella que inició esta causa, y en su declaración atribuyó al CNI el espionaje telefónico que sufrió.
Aragonès contó entonces al juez que detectó el espionaje en julio de 2020 a raíz del informe de Citizen Lab que lo alertó de que había «varios indicadores de compromiso» en su teléfono. A raíz de este aviso, encargó un informe pericial que detectó infecciones desde 2018 hasta marzo de 2020 y que habían llegado a su móvil a través de mensajes SMS que él no detectó en el momento, cuando era vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía.
Cabe remontarse a lo que aconteció ante la Comisión de Secretos del Congreso, en mayo de 2022, cuando Esteban reconoció que se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas ante la sospecha de presuntas actividades ilícitas, pero todas ellas realizadas con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI, estarían Aragonès; los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; tres miembros de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del círculo cercano al expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.
