Hasta ahora se sabía que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había pinchado el teléfono del president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, cuando era vicepresident y que, para ello, logró una autorización judicial. Desde este jueves se sabe una de las razones que argumentó ante el juez para conseguir la autorización. Según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el CNI pidió el pinchazo arguyendo que Aragonès dirigía las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y que lo hacía desde la «clandestinidad» pese a que ya era la segunda autoridad del Govern. En la Generalitat no dan crédito. Fuentes del ejecutivo catalán consideran que las justificaciones del CNI para intervenir el teléfono están «fuera de toda realidad». «Son invenciones. Es totalmente inverosímil», critican.
Cuando en abril del 2022 estalló el caso Pegasus de espionaje a una sesentena de independentistas, la entonces jefa del CNI, Paz Esteban, acabó unos días más tarde compareciendo ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Allí trató de justificar que al menos 18 de las 60 personas espiadas, lo fueron con autorización judicial. El más llamativo de esos nombres era el del president de la Generalitat. Casi dos años más tarde de las explicaciones de la ya exjefa de los servicios de espionaje -fue cesada cinco días más tarde de esa comparecencia-, salen a la luz qué argumentaron ante el juez para conseguir los pinchazos.
El argumento de fondo es que Aragonès era quien dirigía las acciones de los CDR y que lo hacía la margen de su papel institucional. Es decir, había un Aragonès de día que hacía de vicepresident del Govern de Quim Torra, y un Aragonès de noche que ejercía de máximo responsable de los activistas. En la solicitud al juez se especificó que no se pedía la intervención como vicepresidente, sino por la «labor de dirección y coordinación de los CDR».
Aragonès entró de vicepresident del Govern en junio de 2018 cuando su partido, ERC, ya había empezado a virar dejando atrás el unilateralismo para apostar por el diálogo con el Estado. De hecho, él mismo denunció ante el juez que fue espiado cuando negociaba con el PSOE la primera investidura de Pedro Sánchez que apoyó Esquerra. Por aquel entonces, para ERC la actividad de los CDR era más una incomodidad que un motivo de reivindicación. Mientras que los CDR trataban de mantener el pulso en defensa de la vía unilateral, los republicanos ya había empezado a cambiar de estrategia. En otoño de 2018, estos Comités de Defensa de la República incluso convocaban protestas y realizaban pintadas en la misma sede de Esquerra.
Desde el Palau de la Generalitat consideraron desde el principio que la escucha telefónica estaba injustificada pero, ahora que han conocido la argumentación que se presentó ante el juez, aún ha incrementado más la indignación y la perplejidad. Desde el Govern consideran una obviedad que Aragonès no pudo dirigir a los CDR y lamentan que los motivos de los servicios de espionaje no tienen ningún fundamento.
La documentación
Los primeros detalles del pinchazo a Aragonès han empezado a transcender desde que un juez obligó a desclasificar parte de la documentación del caso que obra en poder del CNI. El juez de Barcelona Santiago García García, que investiga el espionaje al president, ha recibido este jueves las tres resoluciones del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas que han sido desclasificadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. La llegada de estos documentos se produce 24 horas antes de que declare como imputada ante el togado la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
Esta documentación también la tiene la Generalitat como parte afectada en el proceso. Desde la plaza Sant Jaume prefieren no comentarla en el fondo porque defienden que es el momento de estudiarla. Sin embargo, sí que tiene críticas sobre la forma. Tras echarle el primer vistazo, consideran que es una documentación totalmente insuficiente. Fuentes del Govern consultadas por El Periódico de Catalunya aseguran que son documentos repletos de «partes eliminadas». Es decir, de partes tapadas por un supuesto motivo de confidencialidad. «Es imposible poder entender el sentido de muchos párrafos. Hay páginas enteradas tachadas», aseguran.
El responsable de la desclasificación es el Gobierno de Pedro de Sánchez, responsable político del CNI. En todo este asunto, el papel del gobierno socialista ha sido difícil de calibrar. Por un lado, el independentismo le acusó de estar detrás del espionaje -junto con el PP, que estuvo en Moncloa hasta el 2018-, pero por el otro, se demostró que ministros socialistas y que incluso el presidente del Gobierno también fueron espiados con Pegasus. Este viernes está citada Esteban ante el juez para que aporte algo de luz.
