El Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha condenado a Amazon por contratar a repartidores como falsos autónomos entre octubre de 2019 y noviembre de 2021, declarando que la relación entre estos y la empresa fue laboral y no mercantil, como pretendía la multinacional. La demanda fue instada por la Tesorería General de la Seguridad Social y contó con la intervención del sindicato UGT en representación de varios cientos de repartidores. El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha accedido a la resolución, notificada este mismo jueves.

Es la segunda condena de este tipo que recibe Amazon en España, que en el momento de publicar este artículo aún no había hecho declaraciones sobre el tema. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La primera se conoció hace un año y se refería al período comprendido entre 2017 y 2019. Amazon introdujo el modelo Amazon Flex, mediante el cual cualquier persona con coche podía repartir paquetes por catorce euros la hora, a finales de 2017.

La fórmula —que ya funcionaba en Estados Unidos pero que en nuestro país siempre estuvo en entredicho, porque para repartir mercancías en coche es necesaria una autorizacíon administrativa— se popularizó durante la pandemia, al impulsar el confinamiento las compras online. Muchos desempleados vieron en Flex una tabla de salvación. Ese es el período que se ha juzgado en este segundo procedimiento.

Tras la aprobación de la Ley Rider en agosto de 2021, Amazon fue cerrando silenciosamente el programa, que actualmente no funciona en España.

Para presentar la demanda, y según la información que se extrae de la sentencia, la Inspección de Trabajo entrevistó a 1.505 repartidores por correo electrónico, solicitándoles completar un cuestionar sobre sus tareas de reparto en la aplicación Amazon Flex. Respondieron 791. Asimismo, solicitó a Amazon Road Transport Spain SL—la mercantil que contrataba a los repartidores— un listado de la fecha de prestación de servicio y horas trabajadas de cada repartidor.

La sentencia recoge el funcionamiento de la aplicación, que funcionaba a través de bloques. Los repartidores, considerados ‘colaboradores’ por Amazon, debían darse de alta como autónomos, tener carnet de conducir y un vehículo propio. Una vez dentro de la app, debían coger «bloques»: horas para ir al centro logístico a por paquetes y repartirlos. Los incumplimientos o retrasos conllevaban penalización. Los repartidores se hacían cargo de los gastos de gasolina y mantenimiento del coche.