A la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que se prevé determinante para la primera fase del proyecto de macrodepósitos en el puerto de Alicante, la empresa promotora ha iniciado en el Ayuntamiento los trámites previos a la solicitud de licencia de la segunda fase, que sería hasta seis veces más voluminosa que la inicial, al contar con doce recipientes (frente a seis) con capacidad para 600.000 metros cúbicos de hidrocarburos (respecto al máximo de 112.500 metros cúbicos de la primera fase), según confirmaron ayer fuentes de la mercantil XC Business 90 SL, desde donde sostienen que las fases son independientes.
La empresa, en un escrito registrado el pasado 29 de diciembre ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, busca con ese requerimiento oficial obtener «información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a la ampliación de la instalación de centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en parcela adyacente ubicada en el muelle 19 del puerto de Alicante».
Por ahora, el proyecto de los macrodepósitos se encuentra a la espera de que el TSJ dé vía libre o bloquee la instalación de la primera fase, tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante en febrero de 2022, avalando la denegación de la licencia urbanística por silencio administrativo. Las partes llevan casi dos años esperando que el tribunal autonómico se pronuncie. En el recurso, la empresa defendía que «el momento temporal en el que debe entenderse completa la documentación del proyecto e iniciado el expediente es la fecha de su presentación, es decir, el 08 de febrero de 2013». «Formal y materialmente, el órgano sustantivo (en alusión al Ayuntamiento de Alicante) considera completamente subsanada la solicitud de las licencias ambiental y urbanística el 3 de septiembre de 2013», según añadían los promotores, que alegaban que «en cuanto a la aportación de la nota simple del Registro de la Propiedad sobre la titularidad de la parcela, resulta formal y materialmente imposible cumplir dicho requerimiento, por otra parte, innecesario para tramitar y resolver las licencias municipales, dada su naturaleza y efectos meramente informativos». Para los promotores, y así se refleja en el recurso ante el TSJ, «una vez transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dictar resolución, y producido el silencio positivo, el Ayuntamiento de Alicante únicamente podía haber dictado actos confirmatorios del referido silencio».
Por otro lado, para la empresa resultaba «inaceptable desde un punto de vista jurídico que el Ayuntamiento haya indicado a esta parte desde el comienzo del procedimiento administrativo que legalmente no correspondía someter el proyecto a evaluación de Impacto Ambiental, y ahora cambie totalmente de criterio, causando perjuicios irreparables». Al respecto, un informe de la Abogacía de la Generalitat, solicitado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio durante la etapa del Botànic, confirmó en 2021 que el proyecto de instalación de almacenamiento de combustible en el muelle 19 del puerto «no constituiría un supuesto de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la normativa vigente en el momento de solicitarse la licencia ambiental ante el Ayuntamiento de Alicante». Este ha sido uno de los asuntos que mantiene enfrentados a los promotores y al Consistorio, y que ha bloqueado la concesión de la licencia urbanística para la primera fase desde hace años.
El informe en cuestión de la Abogacía, que la conselleria trasladó a las partes tras el cambio de Gobierno en la Generalitat de 2023, añade que el proyecto contemplaba almacenar (en la primera fase para la que se pidió licencia) un volumen de 112.549 metros cúbicos de hidrocarburos, lo que según las leyes, tanto a nivel estatal como autonómico, «suponía que no era necesario apoyar una declaración de impacto ambiental». En concreto, en la primera fase, la empresa pidió licencia para instalar seis macrodepósitos, que en total albergarían hasta 95.014 toneladas de carburante en el puerto alicantino.
La postura del equipo de gobierno, por ahora, sigue firme. Así lo confirmó ayer el portavoz del ejecutivo, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno. «Mantenemos la misma posición. No consideramos que haya que dar licencia por silencio administrativo y creemos que se requería un informe de impacto ambiental. Así lo hicimos ver y el juzgado nos dio la razón. Ahora estamos a la espera del TSJ. Haremos lo que diga», añadió el concejal Villar, quien sostuvo que por el momento la petición de licencia que está en los tribunales desde hace años es para la primera fase: «Estamos hablando como máximo de seis [macrodepósitos], no de todos. En el peor de los casos habría seis, que nosotros tampoco queremos».
Compromís reclama a Barcala que convoque la comisión Puerto-ciudad
El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, solicitó ayer al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que mantenga su firmeza frente al proyecto de los macrodepósitos en el puerto de Alicante. «Pedimos contundencia al alcalde para impedir la instalación de los macrodepósitos de combustible en el Puerto, y su apoyo para presionar al Gobierno de España para que legisle para impedir actividades peligrosas en los puertos urbanos», señaló Mas, quien por otro lado solicitó públicamente a Barcala que convoque «la comisión Puerto Ciudad de urgencia y se plante ante la conselleria para hacer frente común Ayuntamiento y Generalitat e impedir esta actividad». El Pleno de Alicante aprobó la creación de la comisión, vigente en anteriores mandatos, a la que la Autoridad Portuaria se ha mostrado abierta a participar por primera vez.
