El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene en su poder una grabación realizada por José Manuel Villarejo que evidencia que el Gobierno de Mariano Rajoy conocía las presiones contra Javier Gómez de Liaño, cuando en 2013 y 2014 ejercía como abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas. En concreto, el audio está incluido en el sumario de la pieza separada número 34 del caso Tándem, según especifica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que explica la relevancia del contenido de la conversación que el comisario jubilado mantuvo con el entonces ‘número dos’ del Ministerio del Interior del Gobierno del PP, Francisco Martínez: «Se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos» a Gómez de Liaño, que siempre ha negado cualquier irregularidad.
En la grabación, en poder de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Villarejo relataba a su jefe en el Ministerio del Interior su maniobras para acceder a las cuentas personas del exjuez. En concreto, le dice: «De Suiza, de Liaño, voy a mirarlo, a ver si es verdad. ¿No te ha dicho si sacó algo [el inspector jefe José Ángel Fuentes] Gago de la visita? ¿Tú no te has enterado de la visita que le hizo a Kalashov? Y el otro, Halit [Sahitaj], que tú ya tienes la grabación, es el que está dolido: yo le mandé un abogado que tengo, satélite mío, con el que habla ahora, y es el que le ha dado los datos, y le he dicho, mándame los datos de esa cuenta de Suiza, y entonces ya hablaremos. Yo creo que Kalashov, como persona que sabe algo de las cuentas de Liaño, por lo menos no estaría mal que te hubieras enterado de esa visita, ¿no?».
La caja ‘b’ del PP
El pasado viernes el instructor citó como investigados el 20 de febreto en la pieza separada número 36 del caso Tándem a Martínez y al ex número dos de la Policía Eugenio Pino por las supuestas presiones que recibió Gómez de Liaño mientras ejercía de exabogado de Luis Bárcenas, que había reconocido que el PP disponía de una caja b, nutrida de forma ilegal con donaciones de empresas. Estas supuestas extorsiones, que vienen reflejadas en las anotaciones que Villarejo hacía en sus agendas, han convencido al instructor para que les llame a declarar como imputados.
Sin embargo, este audio incluido en el sumario va más allá de las anotaciones, pues pone de manifiesto que el Gobierno del PP, en concreto Francisco Martínez, estaba al tanto de las investigaciones que desplegó el clan de Villarejo, que no contaban con aval judicial: «Tales gestiones habrían sido referidas, al menos parcialmente, además, por el propio investigado José Manuel Villarejo en conversación mantenida con el investigado Francisco Martínez, según archivo de audio ‘FcoMartínez-22.8.14″, completa la Sala de lo Penal, que recuerda también que estas conclusiones se desprenden de un informe de Asuntos Internos de la Policía.
También la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción también tiene a su disposición esta grabación, que señala al Gobierno del PP. De hecho, los fiscales César de Rivas y Manuel Serrano recurrieron en 2022 a su contenido para intentar que el magistrado Manuel García Castellón reabriera el caso Kitchen, con la intención de citar a declarar como investigada a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Finalmente, la Sala de lo Penal obligó al magistrado a que compariera como testigo, pero en la pieza separada número 36, que de hecho completa las pesquisas del operativo parapolicial que se desplegó contra el extesorero del PP.
En su escrito, los fiscales detallas que en la conversación «Martínez y Villarejo abordan diferentes cuestiones, entre las cuales figuran los contactos de Villarejo con Halit Sahitaj, y la entrevista en prisión a cargo del también investigado Fuentes Gago con Kalashov«. Este intercambio de opiniones es relevante porque ambos interlocutores intercambian opiniones sobre la investigación que realiza el comisario del patrimonio de Gómez de Liaño, que había sido contratado años atrás por el preso rusogeorgiano Zakhar Kalashov. Según Anticorrupción, Villarejo recurrió a Halit Sahitaj, que habría actuado com intermediario para ponerse en contacto con el preso, con la intención de obtener pruebas de los supuestos pagos que el reo habría realizado a su antiguo letrado en Suiza.
La Audiencia Nacional ordenó a García Castellón reabrir la investigación tras constatar la existencia de indicios que apuntaban a la existencia de «un supuesto encargo realizado por personas próximas al Partido Popular para, mediante presiones a Javier Gómez de Liaño, abogado entonces de Luis Bárcenas en el conocido como caso Gürtel, evitar que salieran a la luz informaciones comprometedoras para el PP», especifica un auto de 1 de febrero de 2023.
