El Gobierno sigue destensando la relación con los independentistas en un contexto en el que se juega el alcance de la legislatura a través de los próximos Presupuestos. Tanto Junts como ERC celebraron este martes su acuerdo con los socialistas en la comisión de Justicia para incluir una enmienda a la ley de amnistía sobre terrorismo. Un gesto que el Gobierno siempre calificó como una “línea roja”, aunque las lecturas son dispares.
Si para los independentistas permite blindar la norma, al incluir como amnistiables las causas de CDR y Tsunami Democrátic (en la que se investiga por un delito de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Mara Rovira), el Gobierno interpreta que “no solo hemos mantenido el terrorismo, sino que lo hemos mejorado técnicamente”. Se niega de este modo un cambio sustancial de posición, aunque los independentistas así lo deslizan.
La reacción del PP a este acuerdo refuerza la interpretación que hacen los independentistas, en detrimento del intento de rebajarlo por parte del Gobierno. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró que la decisión se corresponde con «una nueva cesión» del PSOE hacia Junts, acusando al Gobierno de que con ello “ampara terroristas” y “ataca a los jueces”.
El caso es que este acuerdo imprevisto acerca posiciones antes de iniciarse las negociaciones formales los próximos Presupuestos. Los socialistas no se han plegado a retirar el artículo que hacía referencia a la exclusión del terrorismo “con sentencia firme”, como demandaban los independentistas, pero sí accedieron a modificarlo. Algo a lo que se opusieron públicamente hasta pocos minutos antes de arrancar el debate en el Congreso. La redacción final acordada concreta que solo se excluirán los casos de terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”.
Un equilibrio entre las posiciones de unos y otros que lo es también a la hora de repartir esta bandera tanto con Junts como ERC. Ambos partidos en competición entre sí por reivindicar su sello en la medida de gracia. En las negociaciones de investidura, republicanos y posconvergentes ya compitieron por reivindicar el acuerdo de la amnistía, hasta el punto de que el PSOE acabó presentándola en solitario.
Los republicanos consideraron que el último texto pactado entre el PSOE y Junts necesitaba mejoras para ampliar el perímetro al terrorismo y ahora los posconvergentes se congratulan de haber hecho girar al Gobierno. Pese a todo, los independentistas pretenden seguir negociando hasta la votación en el Pleno para ampliar el perímetro de la norma a otras causas. Vuelva a haber o no cesiones, los socialistas dieron este martes un salto cualitativo en la estrategia de engrasar la relación con Junts, sin priorizarlos sobre ERC, de cara a intentar allanar las cuentas públicas. Si estas salen adelante, se blindaría la legislatura hasta su ecuador. El Ejecutivo podrá prorrogarlas, en caso de no salir las siguientes, y tendría oxígeno para gobernar al menos dos años.
Enmienda a la totalidad de los PGE
Después del varapalo que estuvo a punto de recibir el Gobierno por parte de Junts en la convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura, las cesiones se intensifican al igual que los contactos. El objetivo ahora es reconducir las relaciones y acercar posiciones para sacar adelante los Presupuestos. De hecho, se está retrasando su presentación en el Congreso, en un principio prevista para mediados de enero, con el objetivo de allanar antes un acuerdo.
Al menos, asegurarse que no se presentarán enmiendas a la totalidad y que todas las partes, especialmente Junts, están dispuestas a llegar a un acuerdo. Un compromiso que no quita que tras la presentación de las cuentas se negocien enmiendas con los socios de investidura. Así coinciden en señalarlo tanto desde Gobierno como desde alguno de los grupos que votaron a favor de la investidura. Eso sí, estos últimos inciden en que dicha negociación, si se supera la enmienda a la totalidad, “no será tranquila” para el Ejecutivo aunque haya compromisos previos. Los cálculos del Gobierno es que la amnistía entre en vigor a lo largo del mes de abril y que antes puedan estar aprobados los Presupuestos.
Encuentros «de manera regular»
El PSOE tiene previsto redoblar los contactos con Junts para normalizar sus relaciones. Mantener encuentros, según aseguran desde la dirección de Ferraz, “de manera regular”. Este mismo mes de enero está prevista una reunión que los posconvergentes sitúan fuera de España, mientras que en las últimas horas se sucedieron conversaciones para llegar a un acuerdo sobre las enmiendas a la amnistía, con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, como principal interlocutor.
El número tres del PSOE, Santos Cerdán, por su parte, tiene un canal de comunicación con el secretario general de Junts, Jordi Turull, con quien se reunió la pasada semana en el Congreso. A ellos se sumará la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la negociación de los Presupuestos. En esta fase de intensificar las relaciones, el acuerdo para enmendar la amnistía ayuda a desbrozar el camino con la vista puesta en sacar adelante los primeros presupuestos de la legislatura. Unas cuentas que darían aire al Gobierno más allá de las elecciones catalanas, un punto de inflexión en la gobernabilidad. El president Pere Aragonès no prevé adelantar estos comicios, por lo que se celebrarían en el primer trimestre de 2025.
