El PP despliega toda su fuerza política contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La oposición a los acuerdos con los independentistas es oficialmente una misión conjunta de todo el partido, y no acciones aisladas en el Congreso y en el Senado. El objetivo de Alberto Núñez Feijóo en estos días de reuniones internas (el fin de semana en Ourense con diputados nacionales, autonómicos y europeos; y, sobre todo, el encuentro con grandes alcaldes en Génova este lunes) pasaba por extender su ofensiva al plano territorial y que sean los propios ayuntamientos los que se hagan cargo de la respuesta a las alianzas de la política nacional.
Que Feijóo buscaba implicar a sus alcaldes estaba claro, como también a los presidentes autonómicos. Pero el mensaje fue aún más contundente de lo que muchos regidores esperaban: “Si mañana los independentistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará. Pero vosotros no debéis de consentirlo. Tenéis el deber de reaccionar ante cada injusticia económica, social y política”.
Este llamamiento al poder municipal (mayoritariamente conservador tras las elecciones de mayo) llega también en la semana en la que Feijóo volverá a poner a prueba su capacidad de movilización en la calle. Es una bandera que le permitió exhibir músculo durante todo el otoño y hasta las Navidades, arrinconando a su rival por la derecha, Vox, que perdió esa capacidad en favor de los populares. Al menos, hasta ahora. Dirigentes de la cúpula reconocían que hacía falta un hito informativo, algo concreto para volver a llamar a la gente a la calle en pleno enero y con días muy fríos. Y esta concentración llegará en vísperas de que la ley de amnistía se apruebe en el pleno del Congreso e inicie su camino hacia el Senado.
También el PP comienza mañana un frente concreto en materia de Educación después del plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que anunció Sánchez el domingo en A Coruña tras el revés del informe PISA el pasado mes de diciembre. El Gobierno trató de minimizar los malos datos en un inicio, pero finalmente se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto. Feijóo estará este martes en un centro de adicciones tecnológicas en vista de los preocupantes datos sobre adicción a las pantallas y los problemas en concentración que acarrean al alumnado. El miércoles hará un acto sectorial en Castilla y León junto al presidente Alfonso Fernández Mañueco donde podrá sacar pecho de los mejores datos autonómicos en materia educativa.
Génova, que ha decidido centralizar toda la estrategia del partido para minimizar riesgos a las puertas de un ciclo electoral, reconoce que no va a dejar “ni una sola batalla por dar” y pretende confrontar con el Ejecutivo en todos los asuntos.
La apuesta por el discurso duro
Es cierto que con la ley de amnistía para todos los implicados en el procés empezó un nuevo ciclo de oposición, pero el mensaje político del PP ha evolucionado también. El gran mantra con el que busca generar una movilización total contra Sánchez es la quiebra del concepto de igualdad entre los ciudadanos. La amnistía es la punta del iceberg porque implica, insisten en Génova, impunidad para políticos que pactan con el Gobierno. Pero los acuerdos bilaterales como transferencias de competencias (la más reciente y todavía por concretar, la inmigración), condonación de deuda o los que estén por venir en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado serán las siguientes batallas.
Ahí es donde reclaman una respuesta nítida de comunidades y ayuntamientos. Y la vertiente institucional a nivel nacional tiene varias claves. La primera será el Senado como instrumento de resistencia al Ejecutivo con una actividad parlamentaria reforzada y un camino tortuoso en lo que respecta a la tramitación de la amnistía los próximos dos meses.
Lo que está claro es que Feijóo ha decidido endurecer al máximo su discurso, especialmente en lo que tiene que ver con las instituciones. Primero, restando legitimidad al Congreso por dejar todo el poder “a minorías independentistas” y ayer mismo en un acto con Antonio Garamendi en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) asegurando que “en un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley, no hay Constitución”.
La frase continuó así: “Puede tener muchos artículos, pero sin igualdad real y efectiva, y si la separación de poderes se tambalea, ese país se queda sin Constitución y entra al albur de determinados intereses partidistas y políticos”. El presidente de la patronal también incidió en la inseguridad jurídica para las empresas, pero dio un paso más. En este caso al hablar de la reducción de jornada laboral hasta las 37 horas y media que la vicepresidenta Yolanda Díaz volvió a comprometer en el Congreso: “Si vas a acabar regulando el factor trabajo como pasa en la energía, empezamos a tener una economía intervenida, una economía regulada a la que yo llamo de otra manera. Y no es una economía de libre mercado”.
El idilio entre PP y patronal se ha ido confirmando con el paso del tiempo. La sintonía exhibida entre ambos ayer, en un momento de nuevo muy delicado entre los empresarios y el Gobierno, es también una declaración de intenciones.
