MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Gobierno destinará un total de 395.000 euros para contratar servicios jurídicos que asuman la representación de España en una demanda interpuesta por la multinacional Supreme contra varios países que participan en una misión de la OTAN.
El grupo empresarial Supreme firmó un contrato con la OTAN para suministrar combustible a las tropas que forman parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF). Ahora, la multinacional ha presentado una demanda contra varios de los participantes en la misión, España incluida.
Como parte del procedimiento judicial, España ha sido citada a una comparecencia por medio de abogado ante la sede del tribunal ordinario neerlandés para juzgarla, pero la Abogacía del Estado carece de habilitación legal para ejercer la representación y defensa de España allí.
Por ello, se precisa contratar a un despacho de abogados de Países Bajos, para lo que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes 395.000 euros, según consta en las referencias.
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