El Defensor del Paciente recibió un total de 12.071 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias (1.540 menos que en 2022), de los cuales 602 han sido con resultado de muerte, lo que supone 97 menos que en 2022.
Los casos más habituales se han producido por mala praxis: intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, etc. Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica. Por tanto, a lo largo del año se reclamaron 33 casos al día de mala praxis médica.
Desglosando por especialidad y proceso, se recibieron un total de 286 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética con resultado insatisfactorio, 47 casos menos que el año pasado.
Desde el Defensor del Paciente, piden estudiar la fórmula para que, antes de llevar a cabo una intervención de cirugía estética, exista una coordinación entre el servicio de cirugía plástica y el servicio de salud mental, con el objeto de evaluar y así descartar a personas con algún trastorno de este tipo mediante un estudio psicológico.
«Sería conveniente regularizar que todos los especialistas de cirugía estética recibieran una formación concreta para capacitarles de cara a efectuar una evaluación de los pacientes que atienden y quieren someterse a una operación», han defendido desde la asociación.
Negligencias en los partos
Por otro lado, 105 bebés nacieron con alguna discapacidad relacionada con partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial, etc. Ello supone 38 casos menos respecto al año anterior.
«Lo peor de este apartado es que, en numerosos de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida», han lamentado desde el Defensor del Paciente.
También se contabilizaron 22 fallecidos en casos en los que, tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía, con más de una hora de retraso.
Asimismo, 26 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias. «Este es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico», han aclarado desde la organización.
Por otro lado, se han denunciado un total de 101 casos de estado de discapacidad en pacientes después de intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 26 casos menos contabilizados con respecto a 2022.
Además, la asociación recibió 79 denuncias de afectadas por depilación láser. «Este es un dato para tener muy en cuenta, pues es una técnica que durante los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética», alertan desde el Defensor del Paciente.
Algunas de ellas utilizan láseres que «no son de buena calidad». «Además, el personal que realiza estos tratamientos, en muchos casos no son médicos, y, por lo tanto, no están cualificados a tal efecto», se recoge en el informe, donde se reclama que el Ministerio de Sanidad realice «controles estrictos» y conceptúe «una normativa de obligado cumplimiento» al respecto. De lo contrario, seguirá habiendo «personas que sufren quemaduras importantes».
También se denunciaron un total de 25 casos de contagiados por hepatitis C, una cifra «ligeramente inferior» a la del año anterior, con siete casos menos. La mayoría vienen originados por trasfusiones de sangre en intervenciones.
Por otro lado, un total de 216 personas aseguraron haber sido dadas de alta sin estar «en condiciones óptimas» de poder ir a trabajar. «La falta de coordinación entre el sistema contractual y el sistema protector en la Seguridad Social está generando un grave desajuste, con terribles consecuencias para el trabajador», han alertado desde la asociación.
Por orden descendente, las comunidades con más denuncias por negligencias son: Madrid (3.118 casos), seguido de Andalucía (2.289 Casos); Catalunya (1.406 casos); Comunidad Valenciana (846 casos); Castilla y León (714 casos); Galicia (651 casos), Castilla-La Mancha (638 Casos); País Vasco (410 Casos); Murcia (403 casos) y Aragón (331 casos).
Mala praxis en Urgencias
Una de las áreas que más denuncias acumula en todas las autonomías es la de los servicios de Urgencias. De hecho, el informe enumera los diez hospitales de los que más reclamaciones se han recibido «por una gestión deficiente, en los que las plantillas de sus profesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento».
Son servicios con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: pacientes hacinados por falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera hasta recibir asistencia, colapso, etc.
Por orden decreciente, aquellos que cuentan con más denuncias por sus servicios de Urgencias son: Hospital Universitario La Paz (Madrid); Complejo Hospitalario Universitario Insular (Las Palmas de G.C.); Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza); Hospital Universitario de Toledo; Hospital Clínico Universitario de Valencia; Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña – CHUAC; Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca); Hospitalario Universitario de Canarias – HUC; Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla); Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona).
Las listas de espera
Otro motivo que acumula un gran número de denuncias son las listas de espera. «Las demoras en cualquier tipo de servicio son el principal motivo de queja y en salud suponen un drama para cientos de miles de personas. Son sinónimo de injusticia e inequidad», ha apuntado el Defensor del Paciente.
«Esperar a que nos vea un especialista, que nos realicen una prueba diagnóstica o que nos practiquen una cirugía se ha convertido un máster de paciencia. Desde que nos ve el médico de familia hasta la intervención pueden transcurrir dos años tranquilamente», han lamentado.
Así, la asociación denuncia que el recuento de las listas de espera es «totalmente irreal», ya que, para su correcta interpretación, «debería ser la suma del tiempo desde que el afectado va a primera consulta y le operan».
«Que la Comunidad de Madrid venda que el tiempo medio de espera quirúrgica sean 45 días es ir contra la inteligencia de sus ciudadanos. Por el contrario, que Canarias tenga 153 es un rotundo fracaso. Esta es la demostración de que no existe rigor, pues ambas hacen el cálculo de manera distinta», han detallado.
