Las cifras importan y cuando se trata de medir la salud del planeta y el estado de su biodiversidad todavía más: 1 millón de especies de plantas, insectos, pájaros y mamíferos están, según la Agencia Europea del Medio ambiente, en peligro de extinción (el 10% de las abejas y mariposas por ejemplo), nada menos que 200 desaparecen cada día mientras que dos tercios de las que están protegidas por la directiva europea de hábitats están poco o mal conservadas por la sobreexplotación, prácticas poco sostenibles o la contaminación del suelo, aire y agua. Una degradación de los ecosistemas –desde 2015 se han extinguido en Europa 36 especies, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza– que avanza además a un ritmo «alarmante» y que augura un futuro difícil si no hay un cambio de timón.
Es lo que trata de evitar la UE con la primera ley de restauración de la naturaleza de su historia, uno de los grandes hitos en materia de protección del medio ambiente que verá la luz, si nada se tuerce en las próximas semanas, esta legislatura. «En 70 años de construcción de la UE es la primera vez que hay un reglamento, una legislación directa, para la naturaleza. Tenemos las directivas de aves y hábitats sobre las que ha pivotado toda la política de naturaleza de la unión, con el pilar principal que es la red Natura 2000, pero ahora tenemos un reglamento que impacta directamente», explica el eurodiputado socialista y negociador de la Eurocámara, César Luena.
Lo relevante, sostiene, es que supone «un salto» al pasar de un enfoque centrado en la protección a una política de restauración y recuperación de ecosistemas. «Establece un cambio de paradigma de cómo habíamos venido trabajando hasta ahora en la protección de la biodiversidad. De una visión de protección estricta de determinados ecosistemas a una mucho más amplia de la biodiversidad en su conjunto. Es así porque el 80% de los ecosistemas en la UE están en un estado deplorable», añade la diputada europea de Ciudadanos Soraya Rodríguez, ponente en la sombra del dossier por el grupo liberal Renew.
Solo 15% de hábitats en buen estado
Pese al alarmante panorama al que apuntan los expertos –solo el 15% de los hábitats europeos está en buen estado y particularmente afectadas están turberas y dunas– pocos debates legislativos han generado este último año tanta tormenta y polémica como esta propuesta, presentada en junio de 2022 por la Comisión Europea, y más difícil de negociar dentro de la Eurocámara que con los gobiernos en el Consejo que llegaron a un acuerdo interno antes que los eurodiputados. Hasta el punto de que los conservadores, con el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, a la cabeza, a punto estuvieron de tumbarla en una de las votaciones «de infarto», más «conflictivas» y «reñidas» de la legislatura.
Primero en comisión parlamentaria, en junio pasado, en una votación que terminó en empate –45 a 45– y unas semanas después en el pleno tras una agresiva campaña de los conservadores y la extrema derecha para torpedear la norma alegando que la ley, que establece objetivos vinculantes de medidas de restauración para hábitats terrestres y marinos degradados, polinizadores, ecosistemas agrícolas, zonas urbanas, ríos y bosques, perjudicaría a los agricultores europeos y pondría en peligro la seguridad alimentaria.
«Nada más lejos de la realidad porque la producción agrícola depende directamente de los recursos naturales y el buen estado de los recursos, desde los acuíferos hasta la calidad del suelo, los polinizadores silvestres, la recuperación y restauración de especies como las mariposas de pastizales que garantizan un ecosistema diverso que nos permite abandonar algunos fertilizantes químicos”, rebate la eurodiputada de C’s. “Todo falso» porque «a quien más perjudicaría que no afrontemos la recuperación de los ecosistemas en la UE es a los agricultores, ganaderos y pescadores», clama Luena que ve detrás de la postura del PPE «una estrategia electoral» y «una batalla política interna» ante la cita con las urnas de junio. «Esa lucha se ha llevado a determinadas políticas. La política migratoria ha sido una y esta política de la naturaleza, con un debate peligroso y falso, es otra», incide.
Pacto en presidencia española
Ambos dan por hecho que el «acuerdo político« alcanzado con la presidencia de la UE –con la vicepresidenta Teresa Ribera a la cabeza en nombre del Consejo– a finales del año pasado y el aval posterior de la comisión de medio ambiente –por 53 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones– ofrecen un margen suficiente para aprobar la ley durante este mandato. El pulso conservador ha obligado, sin embargo, a renunciar a demandas iniciales y optar por una posición menos ambiciosa, pese a que los grandes números también hablan del impacto positivo que tiene conservar y proteger la naturaleza: se estima que la red Natura 2000 genera 104.000 puestos de trabajo directos en actividades de gestión y conservación de áreas protegidas y las necesidades futuras en biodiversidad podrían generar 500.000 puestos adicionales, según Bruselas.
¿Qué dice la nueva ley? El reglamento exige a los Estados miembros que adopten y apliquen medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y de las zonas marítimas de la UE de aquí a 2030 e incluye la mejora de la seguridad alimentaria, una de las reivindicaciones de asociaciones agrícolas como COPA-COGECA. Esta obligación de recuperación se aplicará a toda una serie de ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce, incluidos humedales, pastizales, bosques, ríos y lagos, así como de ecosistemas marinos, incluidos los lechos de vegetación marina y los campos de esponjas y corales que estén en mal estado.
La ley obligará a poner en marcha medidas para restaurar al menos el 30 % de los tipos de hábitats que no estén en buen estado para 2030, cubrir el 60% para 2040 y el 90% para 2050. También introduce requisitos concretos para invertir el declive de las poblaciones de polinizadoras a más tardar en 2030, la plantación de 3.000 millones de árboles para esa fecha, mejorar la conectividad de los ríos, aumentar los espacios verdes en las ciudades, así como medidas concretas para los ecosistemas agrícolas, forestales, urbanos y obligación de que los Estados miembros envíen a la Comisión planes nacionales de recuperación en los que detallar cómo alcanzar los objetivos marcados.
Sin obligación de resultados
No siempre se gana y para decantar la balanza ha sido necesario aceptar «varias flexibilidades» para los Estados miembros de forma que puedan establecer niveles de recuperación inferiores bajo ciertas condiciones. También en la obligación de «no deterioro» ya que los gobiernos estarán obligados a realizar esfuerzos, pero no a obtener resultados lo que, según organizaciones ecologistas como WWF, no solo dificultará la implementación de la ley, sino que podría llevar a un mal uso de fondos públicos.
También queda diluida la ficha finaciera –habrá que seguir desarrollándola en la próxima legislatura– y se hacen concesiones a la agricultura –no se establecen mayores obligaciones que las establecidas en la política agrícola común– al incluirse un «freno de emergencia« que permitirá suspender la aplicación de medidas en los ecosistemas agrícolas durante un año en caso de acontecimientos «imprevisibles y excepcionales que estén fuera del control de la UE y tengan graves consecuencias para la seguridad alimentaria de la UE».
«Hemos sido capaces en la negociación con el Consejo de aislar los elementos más nocivos, renunciar a algunas de las ambiciones que inicialmente muchos teníamos para poder avanzar y tener finalmente antes de que termine la legislatura la primera ley de restauración de la naturaleza. Hemos cambiado el terreno de juego», resume Soraya Rodríguez. «Jugaron a tumbarlo, pero hemos resistido», celebra Luena que destaca haber mantenido, pese a las cesiones, la esencia.
